Se trata de la medida "estrella" que la nueva Oficina Económica de Vox en el Congreso presentó hace semanas y que ahora el grupo parlamentario registra a través de una proposición de ley.
La propuesta tiene por objeto simplificar el actual sistema progresivo del impuesto, es decir, que se va incrementando en función de los ingresos. Lo que Vox propone frente al sistema actual son dos únicos tipos que, además, podrían reducirse según la situación familiar.
Específicamente, el IRPF se reduciría cuatro puntos por cada hijo. Así, una familia con cuatro hijos no tributaría el IRPF si las rentas fueran inferiores a los 70.000 y sólo pagaría un 9% si las rentas fueran superiores a esa cifra.
La idea detrás de esta deducción es el fomento de la natalidad. "España necesita niños y los necesitamos ya", ha aseverado Pepa Millán en rueda de prensa en el Congreso este martes.
La caída recaudatoria se compensaría con menos gasto político
Pero la iniciativa supondría una caída de los ingresos de entre un 30% y un 45% con respecto a la recaudación actual, lo que se traduce entre 12.000 y 18.000 millones de euros menos. Para compensar la merma recaudatoria, Vox propone acometer "el mayor recorte" del gasto político que se ha hecho en democracia.
Aunque Millán no ha detallado cifras este martes, la Oficina Económica de Vox explicó que según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en España se conceden subvenciones directas por importe de 30.000 millones de euros. El Instituto de Estudios Económicos, por su parte, estima que los desembolsos del sector público podrían reducirse en 60.000 millones adoptando mejores prácticas de gestión.
"No falta dinero, sobran formas de derrochar el dinero de todos los españoles, sobran estómagos agradecidos y redes clientelares, millones y millones de euros en subvenciones con cero retorno social", ha denunciado Millán.
En este escenario, la portavoz de Vox en la Cámara Baja ha incidido en la necesidad de terminar con el gasto superfluo y bajar los impuestos, ya que, según sus cálculos, la presión fiscal de España ha subido casi tres puntos entre 2018 y 2022, lo que supone el "segundo registro más alto de toda la Unión Europea".