Los ediles de Vox, Mario Ortolá y José Bonet, junto al vicesecretario jurídico del partido, al registrar la denuncia.ALICANTE. La denuncia por un supuesto delito de incitación al odio registrada por el grupo municipal de Vox frente a los dos ediles de Compromís, Natxo Bellido y Rafa Mas, y frente al portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ya tiene consecuencias. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante ha acordado la apertura de diligencias para esclarecer si los tres concejales que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante pudieron incurrir en un delito contra los derechos fundamentales, recogido en el artículo 510 del Código Penal, en las referencias supuestamente dirigidas a los representantes de Vox durante varias de las intervenciones registradas en el pleno de la corporación municipal correspondiente al mes de julio.
En concreto, la tesis que Vox sostiene en su denuncia es que, en el debate de una declaración institucional promovida por Compromís, tanto Mas como López aludieron a Vox para relacionar "directamente al 'discurso de la ultraderecha en las instituciones, los medios de comunicación convencionales y en nuevas tecnologías con el aumento de crímenes contra mujeres, inmigrantes y personas LGTBI'". Por lo que respecta a Bellido, el partido liderado por Santiago Abascal sostiene que retuiteó "una publicación de las juventudes de Compromís donde se enlaza una noticia de una agresión a una persona homosexual y se añade la leyenda 'sí, esto es culpa de Vox'".
Ahora, cerca de dos meses después del registro de la denuncia, un auto del juzgado cita en primer término al portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, para tomarle declaración, en una comparecencia acordada para el próximo 11 de enero. En esa misma fecha, también deberá comparecer Bellido para declarar en calidad de investigado. Finalmente dos semanas después, será el turno de Mas y López, quienes también están citados en esa misma condición para ofrecer explicaciones ante la jueza. Por el momento, se trata solo del trámite lógico habitual tras constatar que una denuncia cumple los requisitos formales requeridos para ser admitida a trámite.
El juzgado cita a declarar a Ortolá, Bellido, Mas y López entre el 11 y el 25 de enero
En principio, se prevé que Ortolá se ratifique en el contenido de la denuncia, en la línea que ya mantuvo tras su registro. En ese momento, ya manifestó que, a su juicio, "tanto Compromís como Podemos se refieren continuamente a Vox como 'la ultraderecha' en notas de prensa, publicaciones en redes y en intervenciones en medios, así como en el propio pleno, por lo que queda suficientemente demostrado que cuando afirman que 'el discurso de la ultraderecha provoca asesinatos y otros delitos contra mujeres, inmigrantes y homosexuales' se nos está señalando directamente con el dedo y acusándonos falsamente y a sabiendas de algo que condenamos pública y enérgicamente".
Por su parte, los representantes de Compromís y Unides Podem EU se han limitado a señalar, hasta ahora, que no se dejarían amedrantar por la amenaza de una denuncia a la hora de ejercer su función política para defender los pilares del sistema democrático.
Así, a partir de ahora, será el juzgado quien deberá dilucidar si esas manifestaciones encajan en las condiciones de un delito de incitación al odio, como sostiene Vox, o si quedan en el ámbito del derecho a la participación política y al ejercicio de la libertad de expresión. Sea como fuere, la apertura de diligencias se convierte en el segundo episodio de este mandato en el que se incoan diligencias a partir de una denuncia presentada por concejales del Ayuntamiento de Alicante, tras la querella por injurias presentada por el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), contra el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López. Esas diligencias acabaron archivándose después de varios intentos de conciliación.
