Vox frena a la izquierda y evita otra comisión para fiscalizar la limpieza escolar de Alicante

ALICANTE. No habrá segunda comisión para analizar la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante. La moción registrada por el grupo municipal de Unides Podem EU para su debate en el pleno municipal de este jueves ha quedado desestimada con los votos de PP, Cs y Vox. Por su parte, las tres formaciones que conforman el eje progresista han votado a favor.

La edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, ha justificado la necesidad de constitución de esa nueva comisión a la vista del "descontrol" generado en la puesta en marcha de un refuerzo en la desinfección de los centros escolares, que habría motivado una primera redistribución de trabajadores y de horas en la prestación del servicio hasta que "al final, ustedes [en alusión al equipo de gobierno] tuvieron que claudicar y pagar más". Así, ha incidido en que "estamos ante un servicio que se sigue prestando sin respaldo de un contrato en vigor desde febrero de 2020" y ha recordado que ya se celebró una primera comisión municipal en la que se concluyó la existencia de incumplimientos en la ejecución del contrato. Así, ha insistido en la necesidad de que se constituya una segunda comisión de trabajo para esclarecer en qué condiciones se prevé desarrollar ese refuerzo de la desinfección con motivo de la covid.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha recriminado también que el servicio de desinfección comenzó a prestarse con retraso, con el curso ya comenzado, pero ha considerado que, tras contactar con el concejal responsable del área de Infraestructuras, José Ramón González (PP), "se nos explicó que la prestación ya estaba solucionada, por lo que no consideramos necesario que se vuelva a convocar esa comisión", ha señalado. 

Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, por el contrario, sí ha estimado que existen motivos para crear esa segunda comisión "por el desbarajuste" que se ha generado respecto a las explicaciones que se han venido facilitando por parte del equipo de gobierno como consecuencia de "falta de previsión". Según Bellido, al final "han tenido que asumir pagos" después de que la plantilla amenazase con la convocatoria de movilizaciones y de que la propia empresa que sigue asumiendo la prestación "les advirtiese de que no era posible acometer una reorganización de los trabajadores porque suponía abrir un conflicto laboral", ha dicho.

Por su parte, la edil socialista Llanos Cano, ha recordado que el servicio acumula "deficiencias" desde el año 2018" por lo que ha considerado conveniente que se constituya una nueva comisión para analizar el último episodio relacionado con la desinfección frente a la covid "por falta de previsión y de interés", al tiempo que ha emplazado al equipo de gobierno a retirar por segunda vez el pliego de condiciones del nuevo concurso con el que se pretende regularizar el servicio para ampliar sus horas de prestación.

Por el equipo de gobierno, el edil de Infraestructuras ha negado que vaya a existir ninguna reducción de servicio. "Las cosas se están haciendo bien, más que les pese", ha insistido. Además, ha recordado a Bellido que fue durante su etapa como edil de Contratación cuando se paró en dos ocasiones la licitación del concurso de 2018. En todo caso, no ha llegado a detallar en qué consiste el refuerzo de ese servicio de limpieza en los colegios ni en cómo se pretende pagar. 

En el turno de réplica, Bellido ha rebatido a González y ha insistido en que el servicio lleva desde febrero de 2020 sin contrato y ha reprochado que no se ejercite la autocrítica. En esta línea, le ha instado a explicar en qué consiste la solución que se ha acordado finalmente tras varias explicaciones contradictorias. 

Por último, el edil de Infraestructuras ha señalado que la nueva licitación sigue suspendida, entre otros puntos, por los intentos del PSOE de presentar recursos. Además, en su segunda intervención, sí ha explicado que "existe una partida presupuestaria en 2021" que permite hacer frente al pago del refuerzo en el servicio de desinfección. Así, también ha señalado que el ayuntamiento había remitido una solicitud para que la Generalitat asumiese al menos parte de esos costes derivados de la covid sin obtener respuesta. En cualquier caso, ha asegurado que, desde que llegó el protocolo de Sanidad, "el 14 de septiembre", se tuvo que buscar "distintas alternativas". Y, según han indicado, "se ha buscado una solución y se va a pagar esa intensificación del trabajo con cargo a la partida presupuestaria que se incluyó en 2021".

El bipartito y Vox también rechazan la moción de Unides Podem EU para crear una comisión de seguimiento sobre las obras de retirada del fibrocemento en los colegios

De igual modo, ha quedado rechazada la segunda propuesta registrada por Unides Podem EU por la que se proponía la creación de una comisión sobre el seguimiento de los trabajos de retirada del fibrocemento en los colegios de Alicante en los que todavía se haya presente este material. La moción ha sido desestimada con los votos de PP, Cs y Vox. El PSOE se ha abstenido y Unides Podem EU y Compromís han votado a favor.

El portavoz de la confluencia, Xavier López, ha recriminado al equipo de gobierno que trate de "boicotear" la gestión de la Generalitat en todas sus iniciativas con el propósito de "poder decir después que no se ha hecho nada después de seis años de mandato" y ha considerado necesario que se lleve a cabo una comisión para velar por el cumplimiento de los trabajos, "toda vez que ya está previsto su presupuesto".

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha anticipado su voto en contra al sostener que se trataba de una iniciativa innecesaria. Además, le ha dado la vuelta al argumento de López para asegurar que "si la Generalitat solo sirve para poner el dinero, que además es de todos los ciudadanos, puede que no sea necesaria y que se pueda ahorrar cientos de miles de euros de su presupuesto". 

Por Compromís, el edil Rafa Mas ha considerado que la comisión no era necesaria, puesto que ya existe un calendario concertado por la conselleria con las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) para la ejecución de esos trabajos. Con todo, ha encontrado "razonable" la presentación de la iniciativa "porque hace falta la colaboración de todos y, sobre todo, del Ayuntamiento" que, a juicio de Mas, es quien ha impedido que se haya ejecutado la retirada de ese material durante este verano, al no proveer el realojo de los conserjes de los colegios en los que no se ha podido acometer su eliminación, "en perjuicio de los niños".

La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha insistido en que "la retirada del fibrocemento sí se ha podido ejecutar en los colegios que no disponen de conserje y, por tanto, en los que no ha sido necesaria la intervención del Ayuntamiento". Así, ha instado al alcalde, Luis Barcala, a poner fin al problema "haciendo sus deberes" después de dos años y medio.

Por su parte, la edil de Educación, Julia Llopis (PP), ha sostenido que la retirada del fibrocemento es una competencia de la conselleria y "han montado un circo de tres pistas a través de comunicados de prensa para culpar al ayuntamiento". En esta línea, ha sostenido que el ayuntamiento dio traslado a la conselleria de un informe jurídico municipal en el que se concluía que la responsabilidad sobre el realojo de los conserjes debía ser la administración promotora de las obras. Además, ha dudado incluso de que los trabajos estuviesen contratados, a la vista de que "se informó incluso de que existían problemas en la obtención de suministros". Así, en tono irónico, ha deslizado que "al final va a ser el ayuntamiento el que tenga que retirar el fibrocemento".

En la réplica, Mas ha asegurado que el ayuntamiento había pactado con Educación que asumiría la búsqueda de una solución habitacional para los conserjes y que, después, se repercutiría su coste a la conselleria. Sin embargo, según Mas, el ayuntamiento no cumplió su acuerdo y "puso como excusa que no se les había informado sobre las fechas de inicio de obra cuando eso no es cierto; se les informó hasta en dos ocasiones".

Amorós ha apuntado, además, que durante la etapa del PP en la Generalitat no se acometieron las obras y ha insistido en atribuir al Ayuntamiento la responsabilidad de acordar los realojos. "Ahora son ustedes los que tienen que explicar a la ciudadanía por qué se ha perdido la inversión de 1,6 millones en la ejecución de esas obras", ha abundado.

Llopis se ha referido a las promesas incumplidas por el conseller de Educación, Vicent Marzà, y ha insistido en que el Ayuntamiento nunca ha tenido constancia de las fechas definitivas en las que se preveía acometer las obras. "No ha habido transparencia", ha dicho, "y el motivo de los conserjes no fue el que impidió que se ejecutasen los trabajos", ha señalado. 

Por último, Barcala ha replicado a las palabras de Mas al señalar que "es falso" que el ayuntamiento alcanzase un acuerdo con Educación para realojar a los conserjes, puesto que la responsabilidad de asumir los costes y de esa reubicación era de la conselleria. Así, ha asegurado que el departamento autonómico se ocupó de gestionar el realojo del conserje del CEIP Rabasa, no solo de su coste. De igual modo, ha abundado en que nunca se informó de la fecha de inicio de las obras y ha asegurado que la Generalitat "se limita a ejecutar la retirada de un centro por año", pese a que se presupuesten todas las obras. Así, ha sostenido que Marzà ha incumplido la promesa que formuló en 2015 de retirar el fibrocemento en todos los colegios, puesto que de los 13 en los que existían en la ciudad, solo se ha retirado en seis.

Tampoco ha prosperado la moción presentada por Compromís con la intención de que el Ayuntamiento cree una comisión para elaborar un Plan Municipal de Prevención del Suicidio. La propuesta ha sido rechazada por PP y Cs (quienes han asegurado que la competencia al respecto no es municipal) y la abstención de Vox. 

Sí se ha aprobado la propuesta registrada por Vox por el que se acuerda la aportación de las contabilidades del uso de las asignaciones percibidas por los grupos municipales, con el fin de que se esclarezca el contrato de prestación de servicios que, según Ortolá, justificaría la transferencia de 13.000 euros del grupo municipal socialista a la agrupación local del PSOE. Tanto PSOE, como Unides Podem EU y Compromís han argumentado que la contabilidad de los grupos ya está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas (Compromís), que la ley permite la transferencia de fondos al partido (PSOE) y que las cuentas deberían estar publicadas en el portal de transparencia municipal, a instancias del propio equipo de gobierno. Así, las tres formaciones han votado en contra. Por su parte, PP y Cs sí han secundado la petición de Vox en defensa de la transparencia.