El 40% de las viviendas de protección pública se reservarán a jóvenes y familias monoparentales

VALÈNCIA (EP). El pleno del Consell ha aprobado el nuevo decreto que regula de manera exclusiva el régimen jurídico de las viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat Valenciana, que reserva el 40% de estos inmuebles a jóvenes y familias monoparentales. Además, establece un "módulo dinámico" de precios para ajustarse a la situación de cada municipio.

Este decreto, que entrará en vigor este miércoles con su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat, se ha elaborado en base a la realidad social de la Comunitat, con la colaboración del sector y con los jóvenes como prioridad, según ha explicado la vicepresidenta portavoz y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en su comparecencia semanal tras el pleno.

El Consell, consciente de la necesidad de revertir la situación de la vivienda en la Comunitat, ha abordado como actuación prioritaria este decreto, que sustituya al vigente y permite implementar medidas de fomento de la promoción, construcción y puesta en el mercado de VPP a un precio asequible.

Se trata de una actualización de la normativa de VPP acorde al escenario actual y que sienta las bases para una gestión más eficiente que asegura una respuesta eficaz de la administración a las necesidades de los que cuentan con más dificultades para acceder a una vivienda en la Comunitat, como los jóvenes, las familias monoparentales, las familias con alguna persona con discapacidad o dependencia o las víctimas de violencia machista.

La norma acota el concepto de vivienda de protección pública y establece los requisitos generales y específicos de estas viviendas. Regula las superficies máximas, los efectos de su calificación y los límites derivados del régimen de protección.

Vivienda "joven" hasta 35 años

También diferencia dos tipologías de viviendas: las de régimen general y las de régimen especial de "vivienda joven", destinada a jóvenes de hasta 35 años. Para facilitar el acceso a la vivienda a familias monoparentales y jóvenes a precios más asequibles, el decreto prioriza una reserva del 40% para estos casos, tanto en las promociones públicas como en las privadas.

Paralelamente, el decreto introduce criterios de racionalidad y objetividad respecto a los requisitos de acceso a las VPP en lo relativo a los ingresos básicos de la unidad familiar o de convivencia, así como en lo que se refiere a los ajustes para determinadas personas que conformen la unidad familiar o de convivencia.

Se adapta así el umbral máximo de ingresos que garantizará el acceso a VPP a aquellas personas, entre ellas las jóvenes, que quedaban excluidas en muchos supuestos al superar el umbral máximo de ingresos de acuerdo con los requisitos de la regulación anterior.

Niveles de protección

El decreto establece niveles en la extensión del periodo de protección de estas viviendas. Será de 30 años para las promociones de régimen general, de 20 años para las que se desarrollan en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres y de 15 años para las calificadas como "vivienda joven".

Respecto a la calificación de las VPP, la norma recoge los requisitos para la obtención de la calificación provisional y definitiva sobre criterios de simplificación administrativa y seguridad jurídica.

Además, se introduce por primera vez en el ámbito del procedimiento de calificación la posibilidad de aportar la documentación técnica certificada por una entidad colaboradora de la administración (ECUV), con la finalidad de agilizar los trámites administrativos de obtención de las calificaciones de viviendas protegidas.

Sistema pionero de fijación de precios máximos

Por otro lado, el decreto establece un novedoso sistema de fijación de los precios máximos de venta y renta, "pionero en España". Se despliega un módulo "dinámico", partiendo de los costes de edificación, que se ajustará para cada municipio de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con la evolución de los precios de mercado de la vivienda libre de nueva construcción, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias, manteniéndose siempre por debajo de los precios de mercado.

Con el objetivo de reactivar la construcción de VPP en la Comunitat, la norma remarca la colaboración público-privada y sienta las bases sobre las que el Consell, a través de la Conselleria de Vivienda o los entes del sector público con competencias en la materia, puedan desarrollar normas, promover programas, medidas y acciones que contribuyan a dar impulso a la promoción de VPP, además de poner énfasis en los convenios y acuerdos con otras administraciones, entidades y empresas.

Otra novedad es la obligación de la administración de publicitar las promociones de vivienda protegida con el objetivo de trasladar de modo claro, transparente y accesible la información sobre la oferta de vivienda protegida a las potenciales personas demandantes.

En concreto, el decreto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/2004 de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, contiene 51 artículos y se estructura en dos títulos. El primero recoge disposiciones de carácter general y el segundo se refiere al régimen jurídico de las VPP y está compuesto por cuatro capítulos, además de seis disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.