ALICANTE. El pasado jueves quedaba visto para sentencia el juicio del 'caso Welby Control'.
Durante la fugaz vista desarrollada en el juzgado de lo Penal número 2 de Elche los empresarios José Sepulcre y Serafín Ernica se han defendido de la acusación de haber cometido en 2008 y 2009 los delitos de fraude a la Hacienda Pública (artículo 305 del Código Penal) y falsedad documental (artículo 392) a cuenta del pago de unas obras en el estadio Manuel Martínez Valero.
Los trabajos se ejecutaron y cobraron en su totalidad por la mercantil Ilidexa pero sirvieron de excusa para que la sociedad Welby Control emitiera ocho facturas (finalmente solo aparecieron cinco) percibiendo 504.136 euros (IVA incluido) a través de nueve pagarés librados por club franjiverde.
El expresidente del Elche ha reconocido en el juicio que los pagos nada tenían que ver con las obras pero negado que el dinero hubiese ido a parar a su bolsillo, asegurando que el mismo se destinó a abonar diferentes cantidades a la plantilla y cuerpo técnico de la temporada 2008/09 al margen del control del fisco; una versión que era refrendada por, entre otros, beneficiarios de los mismos e integrantes del consejo de ese momento que declararon como testigos: Ernica ingresaba los pagarés firmados por Sepulcre en la cuenta de Welby (una mercantil sin trabajadores ni actividad) y posteriormente reintegraba el dinero (en cantidades inferiores a 3.000 euros para esquivar los controles de prevención de blanqueo de capitales) que volvía al Elche para realizar los citados pagos en efectivo. El club, además, se benefició de deducciones en los impuestos de Sociedades y del Valor Añadido.
Finalmente la Fiscalía ha reducido de cuatro a dos años de prisión la pena que pide para Sepulcre, al retirar el cargo de delito de fraude a la Hacienda Pública y solo mantener el de falsedad documental, algo que no ha hecho la abogacía del Estado. En cuanto a Ernica, ambas acusaciones mantienen los cargos por los que le sentaron en el banquillo de los acusados.
Las defensas, por su parte, solicitan la libre absolución para sus defendidos al sostener que los delitos habrían prescrito: el de fraude a la Hacienda Pública lo hace a los cinco años y el de falsedad documental a los tres (después de una reforma del Código Penal introducida a finales de 2010).
Ahora le corresponde a la magistrada María Isabel Sánchez resolver.
