LA VILA JOIOSA. El pleno de la Vila Joiosa celebrado este jueves ha tenido como uno de los puntos fuertes el debate sobre tasas e impuestos a la ciudadanía. Una de las mociones presentadas por el alcalde, Marcos Zaragoza, ponía en el punto de mira al gobierno central, al que hacía responsable de la subida de la tasa de basura de los municipios. El primer edil instaba así a la eliminación de la obligatoriedad de aplicar la tasa de residuos y por el 100% del coste contemplada en la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Como ha venido reflejando este diario, las localidades de la provincia de Alicante han ido aprobando en los últimos meses una modificación de la tasa que en muchos de los casos ha provocado la subida de las aportaciones. Los gobiernos locales achacaban este incremento a la Ley mencionada, que a su vez, recogía la directiva europea sobre este tenor.
La propuesta del PP de la Vila incluye la puesta en marcha de un plan nacional de infraestructuras para la economía circular que apoye la creación de las infraestructuras necesarias para el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos. La moción ha contado con el voto a favor de PP, Vox y Gent per la Vila, mientras que PSOE y Compromís se han abstenido.
En su intervención, Zaragoza ha defendido que la implantación obligada de esta tasa supone un ataque contra la autonomía municipal al considerar que se impide que las administraciones locales puedan decidir libremente el sistema de financiación de sus servicios, sin tener en cuenta el tamaño, población o recursos económicos, además de opinar que se trata de "un nuevo ataque a los bolsillos de los ciudadanos".
No obstante, el PSOE le recordó durante el debate que el grupo europeo al que pertenece el PP sí que votó a favor de la directiva que después se ha recogida en la normativa estatal. Una posición que luego los populares no secundaron en el Congreso de los Diputados, donde optaron por la abstención. El concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, explicó que la intención es que si se anula, se pueda volver a modificar, mientras tanto, continuarán con el coeficiente aprobado hace apenas unas semanas.
Lo cierto es que algunas de las localidades han tratado de amortiguar el impacto de subir la tasa de la basura rebajando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). o intensificando el incremento a otros contribuyentes, como son las viviendas de uso turístico. Una solución que trataron de aportar los socialistas y que se topó con la negativa del PP y el aliado extraoficial del gobierno, Gent per la Vila. El PSOE solicitó estudiar la reducción del tipo de gravamen del IBI hasta el 0,45 para los bienes de naturaleza urbana de uso residencial, (ahora está al 0,58 %).
La propuesta contó con el apoyo de Compromís y Vox. Buigues tiró de memoria para recordar a los socialistas que antes de que él entrara en política ya había manifestaciones en las calles para pedir que se rebajara al 0,4%. Sin embargo, en todo este tiempo -donde los socialistas han gobernado junto a Compromís y GpLV- no se ha reducido el gravamen, por lo que aseguró que era una postura demagógica por parte del partido que lidera Andreu Verdú ahora desde la oposición. A su vez, insistió en que en la actualidad hay descuadres en los registros que impiden que se pueda hacer una ponencia de valores adecuada. En concretó, apuntó al "caos en cartografía".
Otro de los puntos que salieron a favor es la aprobación de la tasa por la expedición de autorizaciones urbanísticas. El presupuesto municipal prevé recaudar por este concepto 300.000 euros. Como viene defendiendo el gobierno local, está incluido en el resto de municipios y ya en 2016 se cobraba, pero se retiró por un recurso, a su vez, explicó que no se trata de engrosar las ganancias del municipio, sino de cubrir el coste de lo que implica expedir esta documentación. Unas argumentaciones que rechazaron los socialistas a través de su portavoz, quien aseguró que durante su mandato no se llegó a aprobar de nuevo para incentivar la llegada de inversiones al pueblo.
Siguiendo con la fiscalidad del municipio sacaron adelante la imposición de la ordenanza fiscal de la tasa para la prestación de servicios y tramitación de autorizaciones, documentos y otras actuaciones de carácter urbanístico, así como la modificación de la relativa al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio). El fin de este último es incluir bonificaciones en aquellas que impliquen un beneficio social para la ciudadanía, entre las que destacan las obras en el ámbito del conjunto histórico del municipio, delimitado por el Plan Especial de Protección y Conservación de la Ciudad Histórica de la Vila. A su vez, se diferenciarán las que provengan del ámbito privado y del público.
El pleno ha dado luz verde al reglamento de régimen interno del cementerio municipal. El documento permite ordenar la gestión y el funcionamiento del cementerio y mejorar la calidad del servicio público para los ciudadanos, incorporando un sistema más dinámico y ágil para la tramitación de concesiones. La edil de Cementerio, Marisa Mingot, ha señalado que no existía ningún documento ni norma que regulara este servicio municipal y considera imprescindible y necesario establecer un reglamento para facilitar a los usuarios su acceso y optimizar y garantizar la prestación adecuada de los servicios que asegure la existencia de espacios y construcciones para la inhumación, así como prever la existencia de sepulturas dignas para las personas sin recursos. El reglamento determina, entre otras cuestiones, los derechos funerarios con un período máximo de 75 años y la capacidad de las sepulturas.
Otro de los reglamentos aprobados en sesión plenaria es el que articula la carrera profesional y la evaluación del cumplimiento y rendimiento del personal del Ayuntamiento. Por su parte, los socialistas mostraron reticencias al considerar que no tenía el apoyo de todos los sindicatos representados en el Consistorio.
En este sentido, el portavoz del equipo de gobierno local, Paco Pérez Buigues, ha destacado que están "actualizando y modificando muchos reglamentos y ordenanzas municipales pendientes de revisar e, incluso, creando reglamentos tan necesarios como el que regule el uso del cementerio municipal, ya que en años anteriores no se había hecho nada al respecto, y el de la carrera profesional de los trabajadores municipales, por ejemplo, está obligado por una sentencia judicial que el anterior equipo de gobierno local no había cumplido".
También se ha aprobado la modificación de la escritura de la parcela municipal cedida a la Entitat Valenciana d’Habitatge (EVHA) de la Generalitat Valenciana para ampliar su uso destinado a la construcción de viviendas sociales, ubicada junto al colegio público Gasparot. Entre otros asuntos, el primer edil explicó que en su primer intento había quedado desierto sin captar el interés de las constructoras, por lo que se hacía para atraer las inversiones necesarias para su desarrollo. Así, indicó que entre los cambios permitiría que no fuera solo para alquiler social, sino también para la venta.
El Pleno también ha dado luz verde a la propuesta presentada conjuntamente por los grupos municipales PP, PSOE, Compromís y Gent per La Vila sobre la declaración institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre.
