Varios ayuntamientos del PP también contrataron a la empresas valencianas vinculadas a 'Mediador'

VALÈNCIA. Varios ayuntamientos gobernados por el PP también adquirieron productos y servicios con las empresas valencianas vinculadas al caso 'Mediador', un asunto que en las últimas semanas ha sacudido la agenda política nacional. Uno de los investigados en la causa es José Santiago Suárez, quien dirigía o aparecía vinculado a varias mercantiles relacionadas con drones que recibieron distintas adjudicadas de diferentes administraciones públicas.

Esto ha provocado una carrera de rastreo de los contratos recibidos por estas empresas, principalmente Emcotex Export SL y Asesoramiento y Servicios de Drones SL, por si existiera un patrón aparente en las adjudicaciones, contratos 'a dedo' de difícil justificación o precios fuera de mercado en los productos o servicios.

Si bien la trama en Madrid señala al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, en lo que se refiere a las mencionadas empresas valencianas, las adjudicaciones no sólo se han producido en administraciones controladas por el PSOE, sino también por el PP, lo que parece diluir la existencia de una indicación procedente de un signo político para la contratación.

Así, en noviembre del año pasado se anunció la licitación por parte del Ayuntamiento de Finestrat, dirigido por Juan Francisco Pérez Llorca, quien además es vicesecretario de Organización del PPCV o número 3 del líder, Carlos Mazón, para la adquisición de dos drones con alta equipación a petición de la policía local del municipio. En este sentido, en el informe del inspector jefe se explicaba la necesidad de disponer de dos aeronaves con el objetivo de efectuar tareas de rescate y emergencia especialmente en la zona del pico Puig Campana. En la petición se concretaba que los drones fueran equipados con visión nocturna y otras características técnicas. El presupuesto base de licitación sin impuestos fue de 50.000 euros y, precisamente en esas cifras se movió la adjudicación realizada a Asesoramiento y Servicio de Drones SL, que fue la única oferta presentada con un coste de 60.487 euros IVA incluido.

En 2018, el ayuntamiento había invertido 7.000 euros en la adquisición de dos drones y en la formación de dos agentes con el mismo objetivo de apoyar situaciones de emergencia especialmente en la zona montañosa del término municipal. En la última adjudicación, no obstante, el contrato se financiará con cargo al fondo procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea en un 79% y con cargo al consistorio en un 21%.

Preguntado por este proceso, el alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, defendió la transparencia del mismo y la adjudicación a la mencionada empresa. Así, el dirigente del PP explicó que fue un proceso de licitación pública al que sólo se presentó una empresa y cuya oferta fue evaluada por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Finestrat, compuesta únicamente por técnicos. "En ese órgano no hay políticos. El expediente está impoluto", recalcó Pérez.

Otras administraciones y otros signos políticos

No es el único consistorio del PP que contrató con la mencionada empresa. En noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Carmona, dirigido por Juan Manuel Ávila, quien además es miembro destacado de la Ejecutiva provincial del partido, adquirió a través de un contrato menor un dron a Asesoramiento y Servicio de Drones SL por un importe de 6.766 euros, a petición de la policía local del municipio.

Es más, el propio gobierno autonómico presidido por el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, a través de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, también adquirió un dron a la mencionada empresa en julio de 2021 por un importe de 7.108,99 euros a través de un contrato menor.

De hecho, si estos días se conocía que el Gobierno de Aragón, en manos de los socialistas, compró un dron por 7.450 euros a la citada mercantil; el Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso liderado por Jorge Azcón (PP), tiene entre sus gastos de diciembre de 2021 el concepto "Curso unidad drones" atribuido a la empresa mencionada. Y así ocurre en otros municipios gobernados por el PP, como el riojano Lardero, con la adquisición de un dron en julio de 2020 por algo menos de 3.000 euros; pero también de otro signo político como Reus (Junts), socialistas como Valdepeñas o San Juan de Aznalfarache y otras administraciones como el gobierno autonómico del País Vasco liderado por el PNV (un contrato menor de 15.000 euros por Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad).

Cruce de acusaciones entre gobierno y oposición en el Ayuntamiento de València

Mientras, este miércoles, coleaba la tensión entre los dos bloques a merced de este caso. PPCV y Ciudadanos solicitaban una comisión de investigación -rechazada ya por el alcalde, Joan Ribó- tras conocerse, tal y como informó Valencia Plaza, de que la Concejalía de Protección Ciudadana, dirigida por el socialista Aarón Cano, había adjudicado tres contratos menores por un total de unos 17.000 euros a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones.

La vicealcaldesa y líder del PSPV, Sandra Gómez, contraatacaba mostrando públicamente el perfil en una red social de la citada empresa en la que presumía de colaborar sus drones con el Ayuntamiento de Alicante, en manos del PP. Una información que salieron a desmentir desde ese consistorio, donde aseguraron que no existía ningún contrato con la citada mercantil.

Un cruce de declaraciones y acusaciones que evidencia hasta qué punto los nervios se encuentran en un punto álgido a menos de tres meses de elecciones y cómo apunta a influir  cualquier asunto de política nacional en la Comunitat Valenciana.