VALÈNCIA. La ampliación del parque público ha sido a lo largo de estas últimas legislaturas el principal objetivo de la Conselleria de Vivienda, que ahora busca hacerlo de la mano del sector privado. Para ello, en el nuevo decreto ley que prepara creará la figura del promotor social, es decir, aquellos "grandes tenedores de viviendas de la Comunitat Valenciana que con su actividad fomenten la construcción de viviendas de fácil acceso para la ciudadanía". Un nuevo instrumento para diferenciar a aquellos que participan de sus políticas y que recibirán una serie de incentivos. 

Pero no será la única novedad que incluirá el nuevo texto normativo, que sitúa la colaboración público-privada como un eje fundamental. Así, este nuevo promotor y la Administración crearán un fondo social de vivienda, que amplíe y fortalezca el patrimonio de vivienda de protección pública. Su finalidad será "dotar de nuevos instrumentos a las administraciones territoriales, generando patrimonio de vivienda de protección pública, especialmente en aquellos ámbitos en los que es necesario recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda en alquiler".

Este decreto ley es la 'receta' del departamento que dirige Héctor Illueca para evitar los efectos de la invasión de Ucrania en materia de vivienda en la Comunitat. En un primer momento se iba a tramitar como proyecto de ley para regular únicamente la actividad de los grandes tenedores y el "acoso inmobiliario", pero finalmente la Conselleria ha decidido cambiar su forma legislativa para agilizar su tramitación, así como ampliar sus competencias. El calendario que maneja es aprobarlo entre finales de noviembre y principios de diciembre.