VALÈNCIA. (EFE). El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (PSPV-PSOE) pondrá en marcha una comisión para investigar al anterior equipo de Gobierno, del PP, por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que obliga al municipio a pagar un total de 860.000 euros de intereses de demora por unos terrenos expropiados hace 52 años.

Según ha informado el Ayuntamiento, la localidad de Riba-roja pagará un total de 3’4 millones de euros por la ocupación de alrededor 58.000 metros cuadrados en la denominada zona de les Paretotes tras una expropiación que data del año 1967, más 860.000 euros en concepto de intereses de demora por no haber abonado dicha expropiación anteriormente.

La creación de la futura comisión municipal de investigación –a instancias de Esquerra Unida- se debatió en la misma sesión plenaria de julio en la que se aprobó, también, el último de los pagos económicos a la familia propietaria de los terrenos de les Paretotes.

A los 879.000 euros del primer pago abonado en diciembre del año 2015 cabe añadir los restantes 2’5 millones de euros, más los cerca de 860.000 euros correspondientes a los intereses, según el fallo judicial.

Según las mismas fuentes, la investigación se centrará en "investigar las conductas del equipo de gobierno del PP en el año 2010, que ignoró y respondió con el silencio" ante la petición de los propietarios de la parcela ocupada durante los años 70 para que se abriese un expediente de justiprecio entre ambas partes.

Si en el transcurso de dicha comisión se detectaran presuntas conductas delictivas o responsabilidad penal se pondría en conocimiento inmediato de las instancias judiciales correspondientes, han agregado.

Los 58.000 metros cuadrados de terrenos ubicados en la conocida urbanización de Montealcedo estaban destinados a convertirse en una zona verde en un futuro para los residentes de esta área del término de Riba-roja, aunque en aquella época nunca se llegó a ningún tipo de convenio entre los propietarios y la familia hasta que ésta última decidió reclamar al ayuntamiento en el año 2010.

Los propietarios presentaron una hoja de aprecio al Ayuntamiento de Riba-roja por un montante de 6’7 millones de euros –rechazada por el Partido Popular en el pleno municipal- mediante la expropiación de los mismos.

El fallo judicial determinó que el consistorio debía indemnizar con los referidos 3’4 millones de euros a la familia, más los intereses ocasionados.