NOVELDA. Si la recesión asoma por alguno sitio, ese es el sector del mármol, el valle del Vinalopó. Los datos del paro hablan por si solos: en Novelda, por ejemplo, el desempleo se ha vuelto a situar por encima del 20%, algo no pasaba en los dos últimos años: los últimos ERE de Levantina ya han generado impacto; no sólo en el municipio, también en la zona sur de la comarca, donde se ubican las principales plantas marmoleras. No sólo Levantina ha acudido a los instrumentos legales para reducir su plantilla. La firma Luis Sánchez y otras más pequeñas también lo han hecho, incluso con la fórmula del concurso de acreedores.

Los políticos lo saben: hace tiempo que se mueven para buscar una salida a la economía del municipio, pese a la pujanza de otros sectores como el de las especias y la uva de mesa. Pero necesitan aire nuevo. Y hay sitio para ello: en el polígono del Fondonet, muy cerca de la conexión con la autovía A-31 está, todavía, la estructura de lo que iba a ser el centro de investigación del sector marmolero, el Instituto Tecnológico, una especie de centro de oficios de Coepa, pero sin acabar. Su historia guarda muchas similitudes con el que iba a ser el centro de vanguardia para la formación de la antigua patronal, Coepa, emplazado en el barrio de Babel de Alicane y cuya subasta ha quedado desierta.

El Instituto Tecnológico era un proyecto de Aidico, el Instituto Tecnológico de la Construcción, de carácter privado, pero financiado con fondos públicos.  El proyecto comenzó a gestarse a principios de los años 2000, pero al igual que Coepa, la institución promotora, Aidico fue a concurso de acreedores, años más tarde, en octubre de 2014 y, claro está, el proyecto del centro de innovación de Novelda quedó en el olvido (en esa época, ya llevaba varios años paralizado). Desde el verano de 2010 no se ha movido ni una piedra. 

El coste inicial del proyecto apuntaba a una cuantía económica próxima a los 4 millones de euros, financiados en un 70% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que es donde participa el Gobierno central, mientras que el entonces Instituto de la Mediana y Pequeña Industria (Impiva), hoy IVACE, dependiente de la Generalitat aportaría el 30% restante de la inversión. Posteriormente, el coste se elevó a los 10 millones de euros. En estos momentos, el edificio está construido al 55%: cuando se paralizaron las obras se argumentó que se estaban a la espera de la segunda parte del convenio que debía aportar el Gobierno central, algo que nunca llegó.