VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València fue uno de los grandes consistorios de España que más ofertas diferentes pidieron para hacer sus contratos por emergencia motivados por la pandemia de coronavirus. O lo que es lo mismo: que menos contratos 'a dedo' llevaron a cabo aprovechando la emergencia del momento. Y sin embargo, fue de los ayuntamiento que menos comprobaciones hicieron para asegurar la fiabilidad de las empresas adjudicatarias y la supervisión de los contratos.

Son algunas de las conclusiones que se extraen del último informe elaborado por el Tribunal de Cuentas acerca de la forma en que los grandes ayuntamientos españoles gestionaron los contratos por emergencia en 2020 tras el estallido de la pandemia. Un documento que, fechado de finales de octubre, deja cierto sabor agridulce en lo referente consistorio del Cap i Casal que gobiernan en coalición Compromís y PSPV.

Por motivos de acontecimientos catastróficos o situaciones de peligro o de defensa nacional -como se consideró la covid-, la normativa de contratos permite a las administraciones utilizar la vía de emergencia que permite saltarse trámites administrativos y hasta los principios generales de concurrencia y publicidad. El Ayuntamiento de València utilizó esta herramienta en 217 ocasiones a lo largo de 2020 por valor de 9,8 millones de euros, solo superado por Madrid -111,9 millones-, Barcelona -67,9 millones- y Sevilla -16,1 millones-.