VALÈNCIA. La moratoria de dos años para la instalación de bloques exclusivos de pisos turísticos en la ciudad de València todavía sigue sin ver la fecha para su aprobación. Una medida que se anunció a principios de este año, en el mes de marzo, pero que aún no se ha materializado por las constantes negociaciones y cambios de parecer que sostienen las dos concejalías implicadas: Vivienda y Urbanismo. Tanto es así que la concejala de Vivienda, Isa Lozano, expresó este martes su "inquietud" ante esta circunstancia, sobre todo teniendo en cuenta que las empresas pueden seguir ahora mismo pidiendo libremente licencia cuando precisamente era esto lo que se estaba intentando evitar.
"¿Inquietud? Sí hay, claro. Las dos delegaciones estamos preocupadas por esta cuestión", aludía Lozano al respecto. En este sentido, cabe recordar que fue en el mes de marzo cuando su área presentó la primera propuesta, que incluía la suspensión de licencias en 37 barrios de la ciudad. Sin embargo, Urbanismo acogió con cierto escepticismo este primer borrador, al considerar que podría toparse con importantes problemas legales y jurídicos. En resumen, creían que una medida tan estricta, como lo es suspender totalmente los permisos para la implantación de un tipo muy concreto de negocio, tenía que estar suficientemente motivada para no acabar continuamente en los tribunales.
De este modo, se produjo aquí el primer retraso, mientras Vivienda trabajaba en un nuevo documento más pormenorizado y ajustado a las verdaderas necesidades de los distintos barrios de València. Estudio que no llegó hasta finales de noviembre de este mismo año, siete meses después. Y, tal y como había demandado previamente el área de Urbanismo, se redujeron a un tercio las áreas afectadas por el veto: desde 37 a 11, comprendidas principalmente entre los distritos de Eixample, Extramurs, La Saïdia y Poblats Marítims.
Con esto, todo parecía listo para poner en marcha de una vez por todas la moratoria de dos años, que estaría vigente como medida cautelar hasta que los cambios se introdujeran de manera definitiva en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, una vez presentado el informe por parte de Vivienda, Urbanismo volvió a proponer modificaciones: en esta ocasión, consideró que las viviendas turísticas no eran la única amenaza que pendía sobre los barrios de la ciudad, y propuso ampliar el veto también a otro tipo de negocios como por ejemplo los fondos buitre o los edificios dedicados exclusivamente a oficinas.
