VALÈNCIA. En una galaxia muy, muy lejana –al menos para María Jesus Montero– Sumar y Compromís alcanzaron un pacto de Gobierno con el PSOE el pasado octubre por el que la formación de Yolanda Díaz garantizaba sus votos a Pedro Sánchez para la investidura, con lo que encarrilaron la conformación del nuevo Ejecutivo. 

El contenido del acuerdo incluía diversas reivindicaciones valencianas que fueron introducidas por Compromís, una de las marcas que componen Sumar, aunque sin excesiva concreción. Entre ellas, la promesa –sin fecha– de la reforma del sistema de financiación autonómica y la garantía de los servicios básicos mientras tanto. Sin embargo, evitaron hablar del fondo de nivelación, una de las reclamaciones básicas promulgadas por la coalición –y ahora también por el PP desde la Generalitat– para compensar la infrafinanciación que sufre la Comunitat con el actual sistema, caducado desde hace una década y que ningún Gobierno de España –ni del PP ni del PSOE– ha sido capaz a reformar.

La literalidad del compromiso más relevante era la siguiente: "Impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad. Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, y que corrija la infrafinanciación de determinadas comunidades autónomas. Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado".