DÉNIA/VALÈNCIA. Ya lo había advertido el nuevo Gobierno valenciano: las auditorías marcarían el futuro de las reversiones de los hospitales de Dénia y Manises, gestionadas por Marina Salud (Grupo Ribera) y Sanitas, respectivamente. Y las auditorías le han revelado al PP había un elemento nuclear, aunque con matices en cada uno ellos. Y ese elemento era el clima político, sindical y social de rechazo, que se han venido agravando desde que el Botànic comunicara a las concesionarias que no habría prórroga. Además, en un segundo plano, la falta de personal que venían denunciando el comité de empresa, y que se ha intensificado en el área de Salud de Dénia, donde los sindicatos vienen denunciando una fuga de profesionales en los últimos años que ronda los 300 sanitarios. 

La Conselleria de Sanidad anunció este viernes que ejecutará las reversiones a la gestión pública de las áreas de salud de Dénia y Manises que el Gobierno de Ximo Puig activó en su momento, un año antes del fin de los contratos. Así, las concesionarias mantendrán el servicio hasta abril en el área de Dénia -tres meses más tarde de la fecha prevista, que era el 31 de enero, para tenerlo todo listo y evitar problemas como los que se produjeron con las reversiones de Alzira y Torrevieja- y hasta mayo en la de Manises. 

Al mismo tiempo, anunció que la concesión que queda pendiente, la de Elx-Vinalopó, para la que no se había activado el proceso porque el contrato vence en 2025, la previsión es renovarla. En este sentido, Sanidad argumentó como otro de los motivos de la reversión de Dénia y Manises, la "seguridad jurídica", ya que al haberse comunicado a las empresas la reversión, un cambio de opinión podría haber dado lugar a un algún recurso y a que el asunto acabara en los tribunales.