VALÈNCIA. En todos los gobiernos siempre hay áreas que son más complejas y estresantes que otras. A veces, la razón es la gran cantidad de competencias que maneja una conselleria, otras es la escasez de personal para abordar con garantías la gestión, y también en ocasiones un factor a tener en cuenta es el ritmo de trabajo o presión que impone el máximo responsable del departamento.

En el actual gobierno valenciano formado por PP y Vox, parece que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda es la que se perfila hasta el momento como el destino más complicado y exigente dentro del ejecutivo por el alto volumen de trabajo y el elevado desgaste que supone para sus integrantes. Un dudoso honor que en la pasada legislatura ostentó, tal y como informó este diario, la Conselleria de Justicia, un auténtico crematorio de altos cargos, asesores e incluso funcionarios que acumuló decenas de entradas y salidas en el anterior mandato.

De momento, la situación de la cartera que dirige la popular Susana Camarero no es tan preocupante, aunque en apenas medio año sí se han producido varias salidas. Por ejemplo, la directora general de Infraestructuras Sociosanitarias, Montserrat Alcalá, dejó el cargo en octubre del pasado año, dos meses después de haber sido nombrada. Posteriormente, era el director general de Personas con Discapacidad, Ramón Meseguer, quien abandonó su puesto. La primera fue sustituida por Maria Àngels Ramón-Llin, que en ese momento estaba al frente del Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS), donde fue relevada por María José Rico Llorca. En cuanto al segundo, fue reemplazado por Bárbara Congost.

Por otro lado, a finales de marzo fue la jefa de Prensa, Dolores Aviñó, que ejercía como asesora, quien dijo adiós a la conselleria por motivos personales. Pocas semanas antes, se había producido la salida del también asesor Miguel Ruiz Vela, que, al igual que Camarero, procedía del despacho Llorente y Cuenca. No obstante, esta marcha fue para integrarse como director de programas para la gestión de Fondos Europeos dentro de la propia conselleria, un puesto creado en el departamento que se ajustaba al currículum del mencionado asesor, con experiencia en la captación y tramitación de estos fondos. Estas salidas sólo han sido cubiertas de forma parcial con la entrada de José Francisco Pérez Rodríguez, que actuó como asesor en el Ayuntamiento de Majadahonda la pasada legislatura.

Así, a día de hoy la conselleria sólo cuenta con cuatro asesores, un número muy reducido para una macroárea de estas características. Por poner un ejemplo, este departamento acumula las mismas competencias que tenía en el mandato del Botànic, con el añadido de Vivienda, una materia que no puede considerarse menor, si bien en esa etapa también recaía la portavocía del Ejecutivo valenciano dentro de la conselleria. En cualquier caso, como referencia puede señalarse que el gobierno progresista llegó a tener 16 asesores para este área, cuatro veces más de los que se integran ahora en este departamento.