VALÈNCIA. La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha reabierto la causa contra Mónica Oltra y otros 15 cargos de la Conselleria de Igualdad por la gestión del caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat y cometidos por el exmarido de la que fuera vicepresidenta del Consell. La decisión supone que todos ellos queden abocados a la apertura del juicio oral, un proceso que, según distintas fuentes consultadas por este diario, podría tardar al menos un año en dirimirse.

La Audiencia había fijado para el día 16 de julio la deliberación y fallo sobre este asunto, pero finalmente ha adelantado el pronunciamiento casi un mes. Con él, acepta parcialmente los recursos presentados por la defensa de la menor abusada (que ejerce el dirigente de España 2000 José Luis Roberto), Vox y la asociación Gobiérna-te (de la fundadora de Vox Cristina Seguí). 

El auto, en el que evidencia su discrepancia con el criterio del instructor, señala que no puede "descartarse claramente" la existencia de infracción penal y que concurren indicios suficientes encausar a los investigados. Los magistrados consideran que los cargos de la Conselleria que tuvieron conocimiento de los abusos y bajo cuya protección y tutela se encontraba la menor "habrían pretendido ocultarlos". "No se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo, colocándola por el contrario en una situación de riesgo", indican.

Asimismo, "y sin ánimo de prejuzgar", dice la Sala, se aprecian indicios de la posible comisión de delito "en la actuación consistente en la formación de un expediente informativo, una vez ya estaba judicializado el asunto, que califican de "ficticio", "arbitrario" e "injustificado" y que habría estado dirigido "a determinar la falta de credibilidad del testimonio de la menor". Aquí añaden un importante apunte: que para ello "se utilizaron recursos públicos con fines particulares". Unas actuaciones que podrían enmarcarse en el delito de malversación y que abren la puerta a las acusaciones a ir por ese camino en sus peticiones. 

La resolución de la Audiencia resulta llamativa tras la contundencia del archivo por parte del juez de instrucción y corta abruptamente el sentimiento de exoneración de los implicados para resituarlos, en este caso, al borde de sentarse en el banquillo de los acusados. 

Dado que la investigación ha finalizado y todas las diligencias necesarias han sido practicadas, ahora se inicia una fase intermedia previa al juicio oral que se puede demorar unos meses. Tras la decisión de la Audiencia, el juzgado de Instrucción ha de dar traslado a las partes para que se pronuncien. 

Lo previsible en este punto es que exista cierta reiteración de lo sucedido, puesto que si se mantienen los criterios seguidos hasta la fecha, el juez volverá a insistir en el archivo y también la Fiscalía, que no recurrió el sobreseimiento en abril. Por contra, lo lógico es que las acusaciones sí se muestren favorables a la apertura de juicio.

De esta manera, la Audiencia deberá volver a pronunciarse, esta vez sí, para ordenar la citada apertura de juicio –tal como ha avanzado en su resolución conocida este jueves, en la que apuntaba a que era ahí donde debía dirimirse todo–. Algo que el juez deberá entonces adoptar de manera obligatoria. En algunas ocasiones, cuando el criterio del magistrado y el de la Audiencia es diferente –como ocurre aquí– se suele utilizar la fórmula del imperativo legal para dictar la resolución dejando claro que se produce por orden directa. Que la Audiencia se desmarque en este sentido pese al sobreseimento previo del instructor se ha visto en otras causas, como por ejemplo el accidente de metro de Valencia.

La sección que ha emitido este auto es la misma que archivó el presunto blanqueo de capitales en el grupo del PP en el Ayuntamiento de València dentro del caso Taula y la que ha jugado el caso Erial, con el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana en el banquillo.

El pronunciamiento, además de consecuencias judiciales, tiene otras de carácter político, especialmente en el caso de Oltra. Mucho se ha escrito y hablado estas semanas de las posibilidades que se abrían tras el archivo de la causa. El posible regreso de Oltra a la primera línea política ha sido, desde abril, un asunto recurrente en la agenda política valenciana. Es más, tal y como informó este diario, desde Sumar llegó a ponerse sobre la mesa la opción de que la dirigente de Compromís encabezara la candidatura conjunta para las elecciones europeas.