VALÈNCIA. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 provocará una serie de daños colaterales que afectará a las Comunidades Autónomas de régimen común. Entre ellas, y muy especialmente por la deficiente financiación que recibe, la Comunitat Valenciana.

La prórroga definitiva de los PGE de 2023 supone que las transferencias del Estado van a ser, de momento, inferiores a las comunicadas a las CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con las que los gobiernos autonómicos elaboraron sus presupuestos de 2024. Será así hasta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenga a bien aprobar un real decreto para actualizar esas transferencias que por ley corresponden a las CCAA.

En el caso de la Comunitat Valenciana, las entregas a cuenta previstas para 2024 y presupuestadas por el Consell de Carlos Mazón ascendían a 12.555 millones de euros, 991 millones más que el año pasado. Esto significa que la Generalitat debería estar recibiendo esos 991 millones de más desde enero –82,6 millones al mes–, pero no es así. Con el argumento de que no se habían aprobado los PGE de este año, el Ministerio de Hacienda ha transferido en lo que va de año las mismas cantidades que el año pasado, sin actualizar. Esto puede suponer problemas de liquidez para la Generalitat y provocar retrasos en los pagos a proveedores.