VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción 21 de Valencia ha elevado a la Audiencia Provincial las piezas 2 y 3 del caso Cooperación para la celebración del juicio contra el exconseller Rafael Blasco y los otros 23 procesados en esta causa en la que se investigan las irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo.

La remisión de la causa, que ha recaído en la Sección Quinta, se produce en plena negociación entre los procesados, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat en busca de una posible conformidad que evitaría el juicio. Anticorrupción, como publicó este periódico, ya ha cerrado un pacto con el conjunto de los procesados que implica rebajas muy sustanciales en las peticiones de prisión, mientras que la Generalitat está estudiando si se suma a pesar de que el acuerdo no garantiza la reparación del daño económico causado.

Desde la diligencia dictada por la magistrada de Instrucción 21 este lunes hasta que se señale la vista aún pueden pasar meses.

La elevación de la causa se produce pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción haya llegado a un acuerdo con los 24 procesados que contempla sustanciales rebajas en las peticiones de cárcel respecto a las que pidió cuando formuló su escrito de acusación, hasta el punto de que solo tres de ellos serían condenados a más de dos años: el propio Blasco, Marc Llinares y el empresario César Augusto Tauroni. Los otros 21 procesados se librarían de la prisión

Tal y como viene contando Valencia Plaza, el acuerdo alcanzado por Anticorrupción al margen de las partes dejaría en 2 años y medio de prisión la pena propuesta para el exconseller Rafael Blasco y para el empresario César Augusto Tauroni, a quienes les reclamaba inicialmente más de 16 y 22 años, respectivamente. Marc Llinares, otro de los principales procesados por el fraude en las subvenciones a ONG, sería condenado a 2 años y tres meses.

La Fiscalía trata ahora de que la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejercen la acusación particular, firmen ese pacto, ya que si su acusación se mantiene el juicio tendrá que celebrarse. La Generalitat está estudiando si se suma a un acuerdo que no garantiza la recuperación del dinero malversado porque se basa en la expectativa de venta de unos bienes embargados.

La Coordinadora, por su parte, tilda el pacto de inaceptable e insta a la Generalitat a que no la deje sola.