VALÈNCIA. El que fuera vicealcalde de València durante los gobiernos de Rita Barberá, Alfonso Grau, es uno de los principales investigados del conocido como caso Azud junto al empresario Jaime Febrer. La causa investiga una presunta trama de comisiones a cambio de favores urbanísticos en el seno del Ayuntamiento durante los gobiernos de Rita Barberá. Y este miércoles dio otro paso más al conocerse otra parte del sumario sobre el supuesto desvío de estas mordidas que Grau habría ocultado en varios países del extranjero, empleando para ello también a sus familiares.

En uno de los autos del sumario, la titular del juzgado número 13 de Valencia señala que el exvicealcalde participó en "al menos ocho tramas de corrupción en base a operaciones urbanísticas" para beneficiar "al empresario Jaime María Febrer Rovira y sus empresas (Grupo Axis) desde 2003 a 2013". Una década en la que, señala la jueza, el exvicealcalde cobró hasta un millón de euros en mordidas a cambio de favores urbanísticos al citado grupo.

La jueza señala que Grau, en su condición de cargo público, fue "sobornado" por varios empresarios que se presentaban a concursos públicos y licitaban "para la obtención de adjudicaciones de obras y servicios públicos". Los sobornos, además, alcanzaron también a otros funcionarios públicos e intermediarios "en el amaño de contrataciones públicas". 

Quien fuera mano derecha de Barberá, según el auto de la jueza, "amañó varios concursos" para que las empresas propiedad de Jaime Febrer se adjudicaran los terrenos públicos o derechos sobre los mismos, algo que "acabó perjudicando los intereses del Ayuntamiento de València". Este perjuicio, señala, "no ha podido ser resarcido" todavía, por lo que el "quebranto" en los fondos públicos y los activos que tenía el consistorio persiste a día de hoy. 

A cambio del amaño de estos concursos, Febrer "abona a Alfonso Grau grandes cantidades de dinero de origen oculto, dado que empleaba para ello una sociedad tipo offshore de nacionalidad panameña", expone el auto. Ello, indica, dificultaba que pudiera conocerse el origen del pago de los sobornos. 

Además de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, el juzgado también investiga a Grau por delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales, asociación ilícita, organización criminal y un delito relativo a las negociaciones prohibidas a los funcionarios. 

El auto, al que ha tenido acceso este diario, expone que para introducir el dinero procedente de sobornos en circuito legal, Alfonso Grau se sirvió de sus familiares directos. En particular, de sus dos hijas: María Ángeles Grau y Sofía Grau, además de a los maridos de estas, Kent Lawrence Baker y Eugenio Cámara Alberola.

Para el blanqueo de capitales en España, entre 2002 y 2014, "Grau introdujo en sus cuentas pequeñas cantidades de dinero". "Realizó imposiciones en efectivo en cuentas suyas y de su hija por un montante de 412.725 euros", señala la jueza, según la cual, para evitar el control financiero o administrativo, estas cantidades nunca superaban los 3.000 euros. A ello se suma, tal como relata la jueza, que Grau alquiló tres cajas de seguridad en BBVA y Bancaja, en las que autorizó a sus dos hijas y en las que ingresó efectivo que se le entregaba como comisiones ilícitas previamente pactadas con Febrer.

Fue su hija María Ángeles la encargada de "ejecutar" el blanqueo, dice el auto, pues ingresó de forma periódica el dinero en Citybank -nunca cantidades por encima de los 3.000 euros- y, posteriormente, desde la cuenta online del citado banco, ordenó transferencias a una cuenta radicada en Estados Unidos (donde reside con su marido) en la entidad JP Morgan.