ALICANTE. Las decisiones judiciales contrarias a la Generalitat Valenciana le han obligado, en los últimos meses, a tener que desembolsar 98 millones en concepto de indemnizaciones por obras fallidas, sobrecostes o licencias que han sido anuladas por los juzgados. El último fallo, el de los sobrecostes de las obras del acceso norte de la ciudad de Alicante, la Avenida de Dénia, que han llegado a costar un 50% más de lo que se presupuestaron, en total 48 millones de euros. A ello se suman otras sentencias que han obligado a las arcas de la Generalitat a tener que desembolsar cantidades para indemnizar, entre otros, a las empresas constructoras de la carretera CV-95, en la Vega Baja, por una obra que se no ejecutó, o los 72 millones a los propietarios del edificio Gemelos 27 de Benidorm por conceder un permiso que invadía la zona público marítimo-terrestre.

La Avenida de Dénia de Alicante

Es el caso más reciente. El Supremo obliga a la Generalitat a pagar 14,6 millones por los continuos modificados y prórrogas de la obra, y todo ello, atribuible a que se tuvo disposición de terreno en el momento del inicio de los trabajos y a decisiones caprichosas posteriores, que no estaban contempladas en el proyecto inicial. Como dice la sentencia, tuvo "especial incidencia en la ejecución de las obras por el contratista, ya que era imposible el inicio de las obras por la falta de disponibilidad de los terrenos y por la discrepancia entre planos y presupuesto en unidades de obra". Y esta circunstancia se añade que el segundo modificado del proyecto respondía al "cambio de desvío de tráfico impuesto por el Ayuntamiento de Alicante", así como por la inclusión de "una gran fuente ornamental -la de la rotonda de los Jesuítas- " y la reposición de vallados y cerramientos no contemplados en el plan inicial. La obra se adjudicó por 33 millones y ha acabado constando 48; se tenía que ejecutar en 17 meses y se tardaron 40.