VALÈNCIA. El choque de criterios entre el juez que ha instruido durante más de dos años la causa que afecta a Mónica Oltra y la Audiencia de Valencia deja por delante un escenario jurídico de varias fases hasta el juicio en el que entran en juego las leyes que regulan las actuaciones judiciales. La situación que se da ahora no es insólita –se ha producido en otras causas como el accidente de Metro de Valencia–, pero sí resulta llamativa por la contundencia con la que ambas partes se pronuncian de manera diferente. Y todo contiene sus detalles. 

De un lado, el juez de Instrucción archivó el pasado abril la investigación sobre la gestión por parte de la Conselleria de Igualdad de los abusos sexuales del exmarido de Oltra a una menor tutelada, con sospechas de ocultación y encubrimiento. En un rotundo auto, consideró que no se sostenían racionalmente las acusaciones contra los imputados y que, tras las diligencias practicadas, lo que en un principio pudieron ser indicios se habían "desvanecido" y eran "meras sospechas, conjeturas o elucubraciones". Por ello, descartó la comisión de los delitos de prevaricación administrativa, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.