VALÈNCIA (EFE). La Comunitat Valenciana perderá cerca de 4.000 empleos si la Generalitat no aprueba la regulación para trayectos urbanos de los vehículos de transporte con conductor (VTC), según han advertido este martes las asociaciones Aseval Madrid y Unauto VTC.

Además, las pérdidas económicas que supondría la desaparición de este servicio ascenderían a 160 millones de euros en la Comunitat, según un informe de estas dos asociaciones.

Aseval Madrid y Unauto VTC informan en un comunicado de que el Real Decreto Ley 13/2018 (también conocido como Decreto Ábalos) prohibió a las licencias VTC realizar trayectos urbanos después del 1 de octubre de 2022, cuando termina el período de transición de 4 años.

El mismo decreto, añaden, transfirió las competencias a las Comunidades Autónomas para regular la actividad de las licencias VTC para, entre otras cosas, habilitarlas a seguir realizando trayectos urbanos.

"A día de hoy, ninguna Comunidad Autónoma ha regulado las licencias VTC cuando falta menos de un año para el precipicio regulatorio que establecía el 'Decreto Ábalos'", denuncian y advierten de que "si no lo hacen, las más de 17.000 licencias VTC que hay en España perderán su habilitación para realizar trayectos urbanos, lo que supondrá la desaparición del sector".

En el caso de la Comunitat Valenciana, señalan que la Generalitat "no solo no ha aprobado una regulación para que las licencias VTC puedan operar más allá de 2022, sino que aprobó un Decreto Ley posterior (DL 4/2019 del Consell de la Generalitat Valenciana), que impuso nuevas restricciones, como un requisito de precontratación de 15 minutos".

En las próximas semanas, añaden, también entrarán en vigor unas modificaciones de la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de València, que incluyen medidas aún más restrictivas y lesivas para el sector, como una precontratación de 60 minutos o la prohibición de aparcar a menos de 300 metros de determinados "puntos de atracción de demanda".

Según el informe de Aseval Madrid y Unauto VTC, la desaparición de dichos servicios supondría la pérdida de más de 61.700 empleos, directos e indirectos, en toda España.

En la Comunitat Valenciana, la cuarta comunidad autónoma por número de autorizaciones de VTC, con un total de 858, se estiman casi 4.000 empleos entre directos e indirectos.

Con respecto a las pérdidas económicas, estas superan los 2.500 millones de euros anuales en España, 160 millones de ellos en la Comunitat, contabilizando el empleo destruido, la recaudación perdida e inversiones no realizadas.

Según cálculos de Unauto, el volumen de negocio generado por los VTC en España ascendió en 2020 a 1.350 millones de euros y 758 millones de euros en impuestos de sociedades, IVA y cotizaciones sociales.

Además, se estima que las indemnizaciones compensatorias de la Administración podrían alcanzar los 1.377 millones de euros en las comunidades autónomas.

Las asociaciones señalan asimismo que, actualmente, más de 8 millones de españoles hacen uso regular de los servicios VTC, y "su desaparición resultaría en menos alternativas de transporte, en un aumento de precios para el consumidor, mayores tiempos de espera y un incremento del uso de vehículo privado, con el consecuente incremento del tráfico y contaminación".