VALÈNCIA. La limitación que quiere implantar el Ayuntamiento de València a los vehículos del servicio de motos compartidas de alquiler -motosharing- no ha sentado bien en el sector. La asociación de empresas de movilidad sostenible y compartida Smart Mobility no ha tardado en reaccionar ante el anuncio del consistorio valenciano de limitar a 133 vehículos por empresa el número de motos que podrán operar en el Cap i Casal.

La plataforma que agrupa a las empresas del sector ha remitido hoy una carta al Ayuntamiento tras conocer la pasada semana la decisión consistorial. Una decisión que, considera el sector, "solo limitará la oferta de motosharing disponible, situándola muy por debajo de la demanda actual, y pondrá en riesgo el correcto funcionamiento y la viabilidad de este modelo de movilidad". En ese sentido, la plataforma asegura que esta decisión "provocará graves perjuicios para los ciudadanos, que verán limitadas sus opciones de movilidad, y supondrá un freno a los objetivos de sostenibilidad de la ciudad".

Asimismo, Smart Mobility ha querido incidir en que esta decisión, que se toma desde la concejalía de Espacio Público -dirigida por Lucía Beamud- a partir de un informe elaborado por el departamento de Movilidad Sostenible -de Giuseppe Grezzi-, se ha tomado "sin haber abierto un periodo de consulta y de diálogo previo con el sector". En ese sentido, la plataforma exige en su misiva la apertura de "una vía de diálogo constructivo".