Que la libertad es uno de los derechos fundamentales de las personas, está más que claro. Que una de las dimensiones para ejercer la libertad, consiste en poder decir lo que pensamos y manifestarnos a través de los medios de nuestra elección, también se deja por sentado. Tan universal es este principio, que no solo es recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que promulga la UNESCO, sino que es recogida por diversos textos, como la Constitución de nuestro país.

Pero este derecho va más allá de poder decir lo que quieras. Pues, para ejercer una verdadera libertad, debes contar con dos garantías fundamentales: Que puedas acceder a los medios adecuados para expresar tus opiniones, y que tengas acceso a ellos para contrastar opiniones y criterios. Por ello, la libertad de expresión se asienta en el hecho de poder decidir sobre cómo informarnos y educarnos.

El tema de las libertades es bastante complejo, y en una sociedad relativamente democrática, las personas deben recibir la educación adecuada para participar del debate público. Esto, con el fin de que las futuras generaciones sean más críticas con respecto a la información que reciben, y que de forma intelectual puedan desmontar los discursos que las clases gobernantes quieran imponer.

Y es allí, donde hablamos de las limitaciones que se han impuesto en diversas regiones autónomas con respecto a la asignación de matriculación del alumnado. El hecho de que las administraciones autonómicas sean las encargadas de distribuir las plazas en los centros educativos, teniendo como criterio la cercanía con respecto al centro de estudio, no solo atenta contra el derecho a la libertad de elección, sino que es un absurdo y un atentado contra el interés superior del niño.

Bajo la excusa de que las instituciones autonómicas son responsables de la administración de los recursos educativos, se limita el derecho de los padres y madres a escoger el centro educativo de su preferencia. Y es que, ¿quién no desea que sus hijos tengan la mejor educación posible? Y no solo se trata de recursos, sino de articular diferentes opciones pedagógicas en los diferentes centros de la red pública y concertada.

Por otra parte, el hecho de que los padres se vean limitados en cuanto a la elección de los centros educativos atenta contra el artículo 27 de la Constitución española. Y es que, por alguna razón, se estableció la libertad de elección de centro escolar: Además de garantizar una educación plural, libre de prejuicios y no limitada por las elecciones partidistas, se garantiza que los ciudadanos puedan ingresar al sistema educativo en igualdad de condiciones.

Las administraciones autonómicas deberían, idealmente, limitar sus competencias en el ámbito educativo. Si bien es cierto que los ciudadanos le otorgamos potestad con respecto a la administración de los recursos, a los que todos contribuimos a través de los impuestos, no menos cierto es que no son dueños de una licencia que les permita tomar decisiones no consultivas.

¿Por qué deben existir limitaciones a la hora de escoger el centro escolar de tus hijos? ¿Cómo se explica que solo puedas seleccionar centros cercanos a tu vivienda, de acuerdo con el código postal de tu barrio? Se pretende que el alumno esté en un entorno cercano a su hogar. Pero, ¿no es la educación el medio a través del cual socializamos y aprendemos a acercarnos a otras personas? Nuestros estudiantes tienen derecho a conocer otras realidades, a adaptarse a otros entornos y conocer personas con visiones diferentes que nutran su aprendizaje para la vida.