VALÈNCIA. El Govern del Botànic, compuesto por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, vuelve a sobrevolar peligrosamente el incumplimiento de plazos para presentar los Presupuestos de 2023, algo que ya ocurrió el pasado año por primera vez desde que el bloque de izquierdas alcanzara la Generalitat en 2015.
Un calendario que está doblemente subrayado en el marco legislativo valenciano. El artículo 34 de la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones señala que el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat "se remitirá a Les Corts antes del 1 de noviembre de cada año". Mientras el artículo 76.4 del Estatuto de Autonomía subraya que el presupuesto "debe ser presentado a Les Corts al menos con dos meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio".
De esta manera, todo apunta al pleno del Consell del viernes 28 de octubre como fecha límite para presentar públicamente las cuentas con el correspondiente paso por Les Corts. En su defecto, el Gobierno valenciano debería reunirse de forma extraordinaria el lunes para cumplir, sobre la campana, con los plazos establecidos por ley.
Sin embargo, las negociaciones entre los socios del Ejecutivo sufren de un retraso que recuerda al del pasado año. A día de hoy, se han celebrado dos reuniones de la comisión política de Presupuestos, el órgano alumbrado el anterior ejercicio a petición de Mónica Oltra (Compromís) y Héctor Illueca (Unides Podem). Eso sí, este encuentro se convocó por parte del conseller de Hacienda con un retraso de dos semanas respecto a la primera cita del año pasado. Un hecho que, a pesar de parecer irrelevante, no lo es porque el calendario ahora para debatir los flecos de las cuentas de 2023 es más ajustado: apenas quedan nueve días. De las reuniones mantenidas, la única conclusión extraída es que las consellerias han solicitado en total 3.000 millones más respecto a las cuentas de este ejercicio.
Un excedente que el conseller de Hacienda, Arcadi España, no está dispuesto a asumir, especialmente cuando en ellas se volverán a incluir los 1.336 millones de euros "reivindicativos" -también conocidos como ficticios- correspondientes a la infrafinanciación. Para colmo, ahora los socios también discuten contrarreloj sobre la necesidad o no de incorporar los 1.000 millones de euros extra del fondo para paliar la situación generada por la covid que el Gobierno de España ya dijo que no iba a abonar en 2022. Compromís y Unides Podem buscan que así sea -ya sea bajo con la excusa de las consecuencias de la guerra de Ucrania u otra, según deslizaron en la Junta de Síndiques este martes-. Pero Hacienda, en manos del PSOE, ve poca justificación para hacerlo.
