VALÈNCIA. A un lado, representantes de Inmobiliaria Gaudalmedina (Igsa); al otro, un concejal del Ayuntamiento de València, un coordinador de Urbanismo y dos funcionarios. Un conflicto les trae a la misma mesa: el embrollo urbanístico de Tabacalera. La cita buscaba la semana pasada acercar posturas entre ambas partes en una cuestión que por ahora se encuentra en los juzgados: la firma pide a la administración municipal una indemnización de casi 53 millones de euros; el consistorio, pagarle con dos terrenos recién recalificados en el barrio de Penyaroja. Pero no hay acuerdo por el momento.

El encuentro con Igsa, confirmado por fuentes del gobierno municipal, trataba de "encontrar la mejor solución", de manera que estas conversaciones no se prevén las últimas con vistas a resolver una disputa que data de hace cinco años. Entonces, en 2016 el TSJ anuló el cambio de planeamiento que permitió al gobierno del PP entregar a la promotora dos solares residenciales en las naves posteriores de Tabacalera tras su derribo y un edificio municipal en Navarro Reverter a cambio de la nave central de la fábrica de tabacos, donde el Ayuntamiento ha ubicado parte de sus oficinas municipales.

El fallo llegó cuando Igsa aún no había podido materializar toda la edificabilidad a la que tenía derecho en virtud del convenio suscrito con el consistorio. Y desde entonces, la administración local debe resarcir a la compañía. Hace tres años, la concejalía de Urbanismo que dirigía Vicent Sarrià anunció que estaba trabajando en un nuevo convenio urbanístico para saldar la deuda con Igsa. Más tarde, el año pasado, la actual edil del ramo, la vicealcaldesa Sandra Gómez, insistía en sesión plenaria en que se estaba "gestionando" dicho acuerdo, pero lo cierto es que no se ha hecho realidad por el momento.

La idea del Ayuntamiento es entregar a la firma dos pastillas de suelo del barrio de Penyaroja. Parcelas que estaban calificadas como suelo educativo y zona verde pero que el departamento de Urbanismo ha recalificado a suelo residencial precisamente con la intención de dárselas a Igsa como compensación. Así, el consistorio ha aprobado esta operación, con la que además se adapta a la realidad actual el planeamiento de Tabacalera que había quedado anulado tras la sentencia.