VALÈNCIA. El 19 de octubre de 2006, el empresario Jaime Febrer se citó con el entonces concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de València, Alfonso Grau. El único tema que había sobre la mesa en aquel de muchos encuentros: "asunto colegios". Un "asunto" de carácter urbanístico que habría reportado considerables beneficios económicos al constructor y que es, a la postre, una de las operaciones más importantes que investiga la justicia en el caso Azud de presunta corrupción.

La instructora de la macrocausa adopta en sus autos la nomenclatura "asuntos colegios" para referirse a la permuta que aprobó el consistorio, dirigido por Rita Barberá, para entregar varias parcelas a una compañía de Febrer a cambio de que esta asumiera una deuda del Ayuntamiento. Pero el intercambio se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca, y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia. Todo ello según los autos recogidos en la instrucción judicial.