VALÈNCIA (EP). Las asociaciones de jueces han reaccionado este martes a la posible renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostrando división de opiniones: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) consideran "inaplazable" desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, mientras que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han insistido en la necesidad de cambiar el modelo de elección de los vocales.

Por un lado, APM y JJpD han secundado el nuevo llamamiento de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo a los partidos políticos para renovar el CGPJ sin más demora. Han señalado que desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, que lleva con el mandato caducado desde diciembre de 2018, es "urgente" e "inaplazable".

Fue este lunes cuando el Supremo incidió en que "el perjuicio causado" a la judicatura por la situación de interinidad que atraviesa el CGPJ es "enorme".

El acuerdo de la Sala de Gobierno, adoptado a raíz de la petición de 33 magistrados del alto tribunal, insistía en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un "menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses".

La APM, la mayoritaria en la carrera judicial, ha mostrado su "adhesión plena" a la declaración institucional del Supremo. "Es urgente e inaplazable que los principales partidos políticos que conforman el arco parlamentario alcancen los acuerdos necesarios para poner fin a una situación que se prolonga ya más de cinco años", ha subrayado a través de un comunicado.

A su juicio, la no renovación del CGPJ, "además de erosionar la imagen de independencia de quienes integran el Poder Judicial, está causando un perjuicio en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia y, en definitiva, en la efectiva tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos".