VALÈNCIA. Ha pasado un año y medio desde que Diana Morant (Gandia, 1980) fuera nombrada por Pedro Sánchez ministra de Ciencia e Innovación bajo el encargo de “crear un punto de inflexión en la Ciencia”. Un tiempo en el que se ha aprobado la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que supone “un cambio de paradigma, sobre todo en las condiciones laborales de los científicos”, pero en el que también “la Ciencia se ha convertido en un vector fundamental para todo el despliegue del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —140 mil millones de euros—”. Un futuro tecnológico y de innovación en el que la Comunitat Valenciana tiene mucho que decir y al que se le abren nuevas oportunidades con los dos nuevos anuncios: la convocatoria para el desarrollo de un lanzador de microsatélites en España y la creación de tres nuevas incubadoras de la red de centros de la Agencia Espacial Europea. 

Precisamente, para hablar de la Ciencia y la Innovación en España, el papel de la Comunitat Valenciana en este ámbito y abordar las distintas problemáticas de las personas científicas e investigadoras, Valencia Plaza conversa con Diana Morant en las instalaciones del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA - CSIC) en Paterna. Una entrevista en dos partes (ver segunda parte) que transcurre en la biblioteca del IATA tras presidir el primer Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación fuera de Madrid y en la que Diana Morant se muestra tranquila, reflexiva y convencida con los pasos que se están dando entorno a la Ciencia y la Innovación.  

- El Consejo de Política Científica acaba de aprobar que el Ministerio de Ciencia asumirá el coste de los nuevos derechos de jóvenes investigadores. ¿Qué supone este acuerdo?

- Es un acuerdo histórico pues damos cumplimiento a uno de los vectores de la Ley de la Ciencia: la mejora de la carrera científica y, concretamente, en las etapas predoctorales y posdoctorales porque si en esas etapas no hay un acompañamiento económico y de condiciones laborales podemos perder a los científicos. Por tanto, la ley ha reconocido la indemnización por finalización de los contratos pre y postdoctorales que estaban activos en el momento de entrada en vigor de la nueva Ley y que afecta a 18.000 investigadores en nuestro país —2.500 son de la Comunitat Valenciana—. Además, en el seno del Consejo de Política Científica —celebrado el viernes en el IATA— se ha aprobado que el ministerio de Ciencia e Innovación cubra el pago de las indemnizaciones de los contratos que están en vigor en los próximos cuatro años —supone una inversión de 60 millones de euros— para acompañar a los centros de investigación, que en muchos casos están infra financiados por sus comunidades autónomas. Con los nuevos contratos que se produzcan serán ya los centros de investigación quienes se organicen para pagar las indemnizaciones.