VALÈNCIA. El anuncio del presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, de convocar elecciones anticipadas para el 12 de mayo ha provocado distintas reacciones y consecuencias en la escena política nacional. La más importante y veloz, como si fuera un hecho programado, fue el anuncio del Gobierno de España de que no presentaría proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.

Una prórroga que acarrea diversas situaciones colaterales que afectan al territorio nacional -también a la Comunitat Valenciana- y que, sin embargo, fue defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha convertido en la especialista del Ejecutivo de Pedro Sánchez en explicar cualquier situación que para otros pueda resultar inexplicable. Así, la dirigente del PSOE recalcó que no presentar los PGE es la solución más "lógica y realista" al considerar que el "debate" que se generará en el proceso electoral de Cataluña "no aconseja" que sea el mejor momento para abordar la negociación de las cuentas puesto que el nuevo escenario abierto "altera el tablero político".

Una postura, sin duda, política y estratégica, que incluso fue reprochada por Sumar, socio de Sánchez en el Ejecutivo, formación que manifestó públicamente no compartir la decisión del presidente del Gobierno y afeándole que no hubiera insistido en "llegar hasta el final" en la negociación.

Las críticas no sólo salían de la izquierda. También el Gobierno valenciano se pronunció con claridad sobre la prórroga presupuestaria de Pedro Sánchez: "Es una obligación constitucional del gobierno presentar PGE y no es algo que dependa de la voluntad del gobierno y mucho menos del tacticismo político. El riesgo de no poder sacar adelante las cuentas no puede servir al gobierno de excusa para eludir su mandato constitucional", manifestó la portavoz del Consell y titular de Hacienda, Ruth Merino.