ALICANTE. Pablo Casado ha aterrizado este domingo en Alicante con el objetivo de centrar su discurso y de marcar distancia con algunos estigmas que le atribuyen, o algunas declaraciones realizadas meses atrás, en el contexto de la conformación del gobierno de Andalucía, que ahora parece matizar. Casado ha defendido el estado de las autonomías, y el papel de las comunidades autonómicas, siempre que aporten a España unidad y cohesión. Y también parece haber rebajado su posición sobre la posibilidad de introducir cambios (más restrictivos) en la Ley del Aborto. Como él mismo ha asegurado este domingo en Alicante, prefiere "mirar en positivo". Eso sí, a cambio, el líder del PP ha presentado algunos trazos de los que será la nueva Ley de Lenguas, que se aplicaría en caso de que Casado acceda a la Moncloa: y en esa normativa, el castellano sería la lengua vehicular y obligatoria (o dominante) en determinados campos, como la educación, la administración, las oposiciones y la señalización urbana. A su juicio, esta ley garantiza la igualdad de oportunidades y la movilidad de los funcionarios. Las lenguas cooficiales, según este criterio, serían un mérito.
"España no se entendería sin las comunidades autónomas", ha dicho Casado, en un claro gesto hacia la Comunitat Valenciana. O en un intento de regionalizar su discurso, considerado muy centralista desde algunas facciones del PP. "Las autonomías mantienen tradiciones, aportan identidad", ha dicho Casado, quien ha ensalzado el papel realizado por algunas autonomías cuando la crisis era más dura. En muchos casos, siempre cita a Galicia como ejemplo. También ha destacado la labor de las diputaciones en la reducción de la deuda y el mantenimiento de los servicios en los municipios pequeños.
Pero en contraprestación, ha fijado cuál será la posición del partido en materia lingügística. Más allá de defender la libertad educativa, ha abogado por una Ley de Lenguas en la que el castellano sería la lengua vehicular en educación, junto a la cooficial; el castellano en la administración, para que nadie pueda "ser multado si no es en castellano"; y que las oposiciones públicas se desarrollen en castellano, mientras "la lengua cooficial será un mérito". Asimismo, ha planteado que "sin contraponer a nadie", la señalización urbana e interurbana debería estar en castellano junto a las cooficiales. "No podemos perder el uso de una lengua tan rica porque es la más hablada del mundo; no puede sufrir una discriminación", ha afirmado.