VALÈNCIA. Son algo más de 430.000 a lo largo y ancho de todo el territorio valenciano, pero apenas se conoce el estado de conservación de un puñado de ellos. Los edificios antiguos de la Comunitat, aquellos que ya han visto transcurrir al menos medio siglo desde su construcción, tienen como cuenta pendiente pasar la denominada ‘ITV’ de los inmuebles, un documento obligatorio que evalúa su accesibilidad, mantenimiento y eficiencia energética. Por ahora, y pese a que la Generalitat ya prepara las primeras sanciones, solo el 3,6 % de estas viviendas lo posee. El porcentaje, además, es todavía inferior en las áreas rurales y del interior.
Este documento, cuyo nombre técnico es Informe de Evaluación del Edificio de uso residencial de Vivienda (IEEV.CV), está regulado por la normativa autonómica y es obligatorio para aquellos edificios con más de 50 años, así como para las comunidades de vecinos que quieran solicitar alguna ayuda pública para acometer reformas o rehabilitar la estructura. No obstante, en la práctica, pocos son los edificios que han pasado esta revisión.
Lo cierto es que en 2014, y en lugar de proceder directamente a multar, la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP) fijó un plazo escalonado de adaptación según la antigüedad de los edificios. Una moratoria que expiró en diciembre de 2020 para los inmuebles construidos antes de 1901 y que activa este mismo año el régimen sancionador. El resultado es que ahora, cuando ya ha decaído ese periodo transitorio para un buen número de propiedades, la implantación del IEEV.CV sigue siendo escasa.
"Es una cuestión cultural. Por desgracia, no tenemos la costumbre de mantener nuestro patrimonio en condiciones”, reconoce Alberto Rubio, director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética en el Gobierno valenciano. Por ello, desde la Conselleria de Vivienda están intensificando los esfuerzos de concienciación sobre este documento, necesario para advertir posibles deficiencias y prevenir futuros problemas de la estructura.
A la vista del bajo porcentaje de certificados, desde las instituciones y los colectivos de profesionales se apunta a otros factores además del cultural. Uno de ellos sería el desconocimiento de este documento, fundamental para evitar graves incidentes en los edificios de la Comunitat. “A este tipo herramientas no se les presta atención”, reflexiona Rubio, quien no obstante también entona el mea culpa en nombre de la Administración. “Quizás tampoco le hemos dado la suficiente difusión a sus virtudes”, señala.
El símil con la ITV convencional es casi obligado. La mayoría de los ciudadanos la pasa en sus vehículos para detectar deficiencias y evitar accidentes, y en los inmuebles las ventajas son prácticamente mismas. “Los propietarios tienen que ser conscientes de que con el IEEV.CV pueden saber si tienen alguna instalación que renovar o modificar para evitar problemas y resolverlos. Se trata de tener un diagnóstico para comprobar si el edificio tiene alguna patología por fisuras o daños en la estructura”, destaca Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Fincas de València y Castelló. Además, advierte de que si no se llevan a cabo actuaciones de conservación el propio edificio pierde valor.
Los administradores son los profesionales que se encargan de apercibir a la comunidad de propietarios de la obligatoriedad de cumplir con esta norma autonómica, y dejan siempre constancia de que estos han sido informados. Pero, tal y como confirman, no siempre son escuchados. “El que se opone normalmente es por desconocimiento. Hasta ahora las administraciones no multaban y, aunque en España hay obligaciones, sin sanciones esto es dado a no cumplirse”, reconoce Cucala. Según explica, el desembolso por vivienda oscila entre 45 y 60 euros y, por tanto, cuando el profesional comunica el importe a los vecinos estos suelen preguntar si existe sanción. “En aquel momento tenías que decir que no, pero ahora sí que las habrá y evidentemente eso será un impulso para evitar esas reticencias”, comenta el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Fincas de València y Castelló.
