ALICANTE.  El cambio climático es un hecho constatado por los resultados de análisis de años de estudios y datos comparados por parte de climatólogos y expertos. Altas temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, el derretimiento del Ártico y el retroceso de los glaciares suizos son algunos de sus efectos. Según una reciente encuesta publicada por el Real Instituto Elcano, el 97% de los españoles encuestados está de acuerdo en que el cambio climático es un hecho y el 95% opina que los principales responsables somos los humanos. Esta preocupación ha situado el debate del cambio climático en la agenda de la esfera pública y los ciudadanos piden soluciones.

Una iniciativa ha partido de economistas de todo el mundo: plantean la aplicación de un impuesto a las emisiones de carbono que se devuelva en proporción a los ciudadanos que menos contaminen. Rafael Pinilla es doctor en economía aplicada y coordina el Citizen´s Climate Lobby para España, organismo firmante de esta iniciativa que explicó en un encuentro organizado por el Colegio de Economistas de Alicante.

-¿Cómo nace esta propuesta?

-Esta iniciativa tienen su origen en EEUU donde un grupo de economistas, como muchos ciudadanos, alarmados por la situación actual de emergencia climática, diseñaron una estrategia eficiente de acuerdo con la ciencia económica. Llamaron a otros economistas y premios nobeles, antiguos secretarios de la reserva federal de EEUU, altos cargos de empresas, y consiguieron 3.500 firmas que suscribieran una declaración que se publicó en enero de este año donde se abordaba una política muy concreta. Meses después, en mayo se presentó en Europa al Parlamento Europeo en forma de propuesta legislativa popular.

-¿En qué consiste esta propuesta ciudadana?

-La iniciativa europea propone implantar un impuesto a las emisiones de CO2 en todo el territorio de la UE, cuya recaudación se devuelva de forma equitativa a la población. Para su implantación, en primer lugar, habría que instaurar un impuesto a las emisiones de carbono de origen si se producen en el país, y si es importado, cuando entre en el espacio de la Unión Europea. Para que no produzca una perturbación en la economía, se empezaría el primer año con un impuesto pequeño de 15€ por tonelada, con un incremento de 10 euros cada año hasta conseguir el objetivo de reducción de emisiones marcado por los políticos de la UE como, por ejemplo, no sobrepasar en más de un grado y medio la temperatura media del planeta.

-¿Cómo afectaría este incremento a los ciudadanos?

-Este impuesto supondría un aumento directo de los precios de la gasolina, y de manera más indirecta en el de la electricidad, ya que una parte no provienen de los fósiles, y en otros productos el mismo mercado permitiría que ese coste original de la producción del cabono se vaya distribuyendo en la misma proporción que está contenido en toda su cadena de producción y distribución.