ALICANTE. Carlos Mazón y Mónica Oltra ha cerrado este martes un Alicante un acuerdo que ha sido calificado de histórico entre ambas partes porque va a ofrecer una solución para clarificar las competencias de Política Social, que por una parte venía sufragando históricamente la Diputación de Alicante, pero cuya competencia correspondía a la Generalitat Valenciana. Además, tanto Mazón como Oltra ha elevado el acuerdo como modelo a seguir entre dos administraciones, de distinto signo político, en el que hay que ceder para llegar a acuerdos, con un claro mensaje a otras consellerias del Gobierno valenciano donde el acuerdo no es, por el momento, posible y debería serlo también en materia de Sanidad o coordinación administrativa. De igual forma, el protocolo suscrito establece un calendario, flexible, que contempla la reversión de distintos servicios y dependencias de la Diputación a la Generalitat con el objetivo de ordenar la política social entre ambas instituciones en el seno de la nueva Ley de Servicios Sociales. Estas son las claves del acuerdo:
Mazón y Oltra salen ganando
Los dos dirigentes, uno del PP, otra de Compromís, salen ganando del acuerdo porque consiguen lo que ambos querían: por una parte, la Conselleria de Políticas logra que la Diputación de Alicante entre en la red asistencial que establece la nueva Ley de Servicios Sociales de la Generalitat; es decir, Alicante ya no será un verso suelto en esta materia y con el acuerdo, asume, como establece la ley, la política social de los municipios de menos de 10.000 habitantes. Por otra parte, Mazón logra el status que ya tienen las otras dos diputaciones, la de Valencia y Castellón, en el sentido de que las competencias/instalaciones que no son de su competencia o bien son sufragadas por la Generalitat o bien las asume directamente. Es lo que sucederá con el tiempo con el Hogar Provincial o una parte del centro de salud mental de la institución provincial, que sufraga la Diputación sin contraprestación alguna. De puertas hacia fuera, tanto Oltra como Mazón exhiben que los acuerdos entre administraciones de distinto signo son posibles (y recomendables) en los tiempos de pandemia.
