CASTELLÓ. Los 1.052 funcionarios del área de Salud Pública de la Comunitat Valenciana, encargados, entre otras cosas, de la atención de los posibles brotes de covid-19 durante la actual pandemia sanitaria, se han unido, en un gesto poco habitual, para pedir al president de la Generalitat, Ximo Puig, que por fin se les regule las guardias que realizan. En Alicante son 311.

Los presidentes de los colegios de los cuatro colectivos afectados (médicos, enfermeros, farmacéuticos y veterinarios) han remitido recientemente una carta conjunta al jefe del Consell en la que le exponen la "situación límite" a la que la covid-19 ha llevado al colectivo. Y todo mientras las guardias que se ven obligados a realizar no están reguladas por ningún instrumento legal. 

Así, a día de hoy todavía se apela a "la buena voluntad de los funcionarios" para cubrir las necesidades habituales, que se han multiplicado durante la pandemia, apuntan fuentes del colectivo. De hecho, esta es la razón por la que la Conselleria de Sanidad habilitará, sin que aún haya concretado de qué modo, una gratificación única para compensar las horas extra realizadas desde que estalló la crisis sanitaria.