Sólo con el tiempo sabremos cómo se ha actuado en la gestión de la crisis sanitaria del Covid-19. Seguro que es muy fácil jugar a ser un cuñado y dar versiones o certezas de los ocurrido. Alguna conclusión de brocha gorda podemos sacar, a tenor lo visto en este mes y medio, desde que el 25 de febrero se dio en España en primer caso de contagio con el turista italiano alojado en un hotel de Tenerife. La primera conclusión es que casi todos los países minusvaloraron la incidencia del virus y que después, casi todos, pero especialmente, España ha llegado tarde a la batalla por la compra de material sanitario y que la centralización, como se ha demostrado, no ha funcionado. Al final, en este caso, cada autonomía ha tenido que buscarle la vida. Pero entiendo que no debe ser fácil gestionar una crisis de este tipo, histórica, inédita, de consecuencias incuantificables, globalizada, etc. 

Pero también una visión local o regional. Y en este caso, me gustaría detenerme en cómo ha sido la gestión en las residencias y geriátricos de la Comunitat Valenciana, cuyo personal, junto a los sanitarios de los sanitarios y centros de salud, ha sido el más golpeado por el número de contagios que han sufrido al estar en primer línea de combate.

Y si hay un caso que llama especialmente la atención es el de la residencia del antiguo Hospital de Oliver de Alcoy, que, según datos oficiales, acumula 32 víctimas mortales, 40 según el presidente del colectivo de los familiares.  Y más allá de cuál sea el origen del brote y del número de fallecidos que al final registre el centro, creo que en este caso, como en otros muchos como éste, como lo pudiera ser la residencia de Torrent, el sistema de los Servicios Sociales, la empresa, la conselleria de turno -no sé si en este caso es la de Sanidad o la de Políticas Inclusivas, han fallado. 

Han fallado en una costa tan sencilla y básica como la gestión de la crisis informativa. En este caso -desconozco otros- los familiares de las víctimas han sido víctimas del silencio, de la negación de información y del derecho básico a saber qué ha pasado con sus familiares. Al parecer, según dijo la consellera de Sanidad, Ana Barceló, la responsabilidad de informar era de la empresa, que cortó el servicio (que ya era deficiente) esta semana, pero creo que el fallo también lo es del servicio público, sea Sanidad (la propia Barceló) o Polítícas Inclusivas (Mónica Oltra). La empresa es la prestataria del servicio, pero éste pertenece a la Generalitat Valenciana.