La campaña electoral valenciana continúa avanzando a buen ritmo justo donde la dejamos: con el debate económico, y en concreto el paro, que sigue siendo percibido como el principal problema de las y los valencianos independientemente del partido al que voten, ausente frente a la presencia de las cuestiones identitarias y todo eso que podemos meter en la categoría de “guerras culturales”. Dejando a la política económica, donde hay bastante tela que cortar, en un segundo o tercer plano.
Para valorar la legislatura del Botànic en sus políticas económicas concretas, hay que empezar por lo obvio: no ha sido el ámbito donde el llamado “mestizaje” entre partidos, además de los problemas propios de la configuración de gobiernos de coalición, ha funcionado precisamente mejor. Incluso partiendo de la idea de que Hacienda y Economía hayan de separarse, que es defendible, el hecho es que, de forma poco comprensible (salvo que se deba a equilibrios entre partidos), “Modelo Económico” y el Instituto Valenciano de Finanzas quedaron en Hacienda, mientras que Empleo, Industria y el IVACE lo hicieron en Economía; y piezas clave como Turismo e Innovación quedaron bajo el paraguas de Presidencia. El resultado ha sido un enredo constante entre cargos, competencias y organigramas: baste como dato que la Conselleria d’Economia tardó dos años de peleas internas desde las elecciones en aprobar su Reglamento Orgánico Funcional, y Hacienda, más de tres.
Este juego de equilibrios ha trasladado las políticas internas y el debate sobre políticas al seno del Consell y de la coalición de gobierno, lo que ha marcado en buena parte la tónica de la legislatura, al centrarse desde bien pronto la oposición en temas identitarios y en el conflicto con Catalunya. Valgan como ejemplo la regulación de los horarios comerciales, el debate sobre la tasa turística, la organización y diseño de los créditos y ayudas a empresas o el diseño de la misma Agencia Valenciana de Innovación. Aunque no pueda decirse que el partido haya estado demasiado disputado: por las buenas o por las malas, el PSPV-PSOE se ha impuesto -a veces con consenso, casi siempre por goleada- en casi todos los ámbitos de conflicto, aunque discursivamente haya estado algo más contestado que, por ejemplo, en urbanismo, como vimos en el artículo anterior.
En este sentido, el PSPV-PSOE ha conservado y ejercido con mano férrea la interlocución con grandes empresas y los proyectos estratégicos. Valgan como ejemplo el desarrollo de Parc Sagunt bajo la batuta de la Conselleria de Hacienda -tema al que volveremos más adelante-, o las “ayudas para la transformación del modelo económico”, con Air Nostrum como beneficiaria de un contrato millonario que originalmente había de ser para promoción turística y acabó siendo de más de 3 millones de euros directos para la renovación de su flota. Y también ha transmitido la imagen de liderar, a través del Consell en forma colegiada, la coordinación de ayudas que ha llevado a Ford a recibir el mayor volumen de ayudas de su historia. Mientras la compañía norteamericana iniciaba ERE’s, cierres de plantas, recortes de producción y traslado de parte de esta a México, las ayudas del Consell, la mayoría directas, han ido aumentando hasta marcar un récord de más de 60 millones de euros esta legislatura, más de 25 solo en 2019.
Mientras los beneficios del sector del automóvil se hunden y éste ensaya alianzas para la fabricación conjunta y la transición al vehículo eléctrico (como la que ha cerrado Ford con Volkswagen y que probablemente lleve a la casa alemana a hacerse cargo de la fabricación de la sucesora de la Transit en sus plantas de Europa del Este), los políticos locales prescriben calma. En realidad, el futuro pinta bastante negro: Como apunta un informe de la sectorial de industria de CCOO, la transición al vehículo eléctrico lleva a las empresas a concentrar su producción allá donde tienen sus departamentos de I+D+i, diseño y servicios avanzados -en el caso de Volkswagen, en la Alemania central, el de Renault, en París, etc- o allí donde existan sinergias con una industria química madura para la fabricación de motores de batería eléctrica, como pasa en Japón y Corea. Ninguno de estos dos condicionantes se da en València.
Mientras tanto, el resto de la industria ha vivido esta legislatura como un momento dulce o de “reindustrialización”, cuando realmente se ha tratado de una competencia en cuanto a precios, con un crecimiento de la producción industrial cada vez más bajo durante la legislatura, como indica la propia Generalitat en su memoria para la Ley de Presupuestos de 2019.
