Fachada del Ayuntamiento de Orihuela. Foto: RAFA MOLINAORIHUELA. Un error en la administración de las nóminas de empleados de los planes de empleo de Orihuela, hará que algunas de las 64 personas que cobran de los servicios de Empuju o Emcuju, tengan que devolver hasta 3.000 euros de sus sueldos. El Ayuntamiento de Orihuela, por error, habría estado pagando una nómina mensual superior a lo que habría previsto el plan, unos sueldos que rondan entre 12.000 y 13.000 euros anuales. Ahora, desde el Área de Recursos Humanos, su edil, Rafael Almagro, lo atribuye a un "error humano" y plantea que se barajan estas situaciones: algunas personas, a las que aún quedan cuatro meses de contrato, cobrarán hasta el final de su labor nóminas que no alcanzan 200 euros, o bien algunos de ellos tendrán que devolver hasta 3.000 euros, porque a estas alturas ya habrían cobrado más de lo estipulado en el plan de empleo. Dentro de esta última opción, según Almagro, estarían intentando que esa devolución de dinero se pueda extender hasta seis u ocho meses, no obstante, es una opción en ciernes y que no saben si podrán aplicar. El asunto está en manos de asesoría jurídica e intervención, que tendrán que realizar un informe para ver cuáles son las posibilidades. En cualquier caso, los trabajadores tendrán que devolver ese dinero o bien inmediatamente o, en el mejor de los casos, a medio plazo.
Desde el Ayuntamiento aseguran que ha sido un "error humano" a la hora de confeccionar las nóminas y que solo advirtieron mientras realizaban la nómina de mayo. "No sabemos de dónde ha venido el error, el Ayuntamiento paga 25 millones de euros en nóminas y ha sido un fallo", según el Área de Recursos Humanos. Desde el equipo de gobierno afirman que ya han tenido reuniones con las personas afectadas para explicar la situación y que se seguirán reuniendo para exponer detalles, en más encuentros en los que también incluirán a sindicatos. "Intentaremos que la solución sea la menos lesiva". En concreto, aseguran que, mientras las nóminas debían rondar en buena parte de los casos, unos 900 euros mensuales, algunos cobraban 1.200 euros a mes, una cifra que ha provocado que haya trabajadores que ya hayan superado, a falta de cuatro meses para finalizar los contratos, unos 2.000 o 3.000 euros de más.
Desde el partido que aún forma parte del gobierno local en funciones, Ciudadanos, el recién elegido concejal, José Aix, criticó duramente esta situación y la achacó a "una prueba de la falta de organización y coordinación interna en el Ayuntamiento de Orihuela que hemos venido sufriendo en Ciudadanos desde que accedimos a gestionar áreas de gobierno municipal en febrero de 2017".
De hecho, Aix, pidió un "cambio de rumbo más allá de ideologías o grandes proyectos" y "organizar la casa por dentro, para que no sigan sucediendo estas cosas, que no pasarían si una concejal como Luisa Boné se hiciera cargo de Personal y Recursos Humanos". Una frase que a enfadado al actual edil de Recursos Humanos, Rafael Almagro y que asegura que es muy desafortunadas y fuera de lugar.
Desde la oposición, Cambiemos Orihuela, ha considerado esta situación "la enésima negligencia en la gestión de fondos europeos y, a la vez, la enésima negligencia en la gestión política en el área de Personal en el Ayuntamiento". De este modo, su portavoz, Carlos Bernabé, afirmó que en junio de 2018 "ya denunciamos que parte de estos planes se estarían utilizando no para reforzar o complementar la Administración, sino para sustituirla y promover recortes salariales encubiertos". Según la coalición, se estarían utilizando parte de estos planes para tapar huecos que deberían corresponder a personal funcionario o interino, y no para reforzar a este personal.
También apuntaron a que en 2017, cuando comenzaron esos planes, había un informe interno que alertaba de que no existía "memoria o relación alguna de las funciones a desarrollar por las personas contratadas,por lo que se desconoce el trabajo a realizar por cada uno de ellos que justifique su remuneración". Para Cambiemos ese informe apuntaba a la "irresponsabilidad con que se estaban gestionando estos plantes y que ha redundado, finalmente, en indefensión y posible perjuicio económico y laboral para las personas contratadas bajo este plan".
