Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). Unides Podem Esquerra Unida ha presentado en Les Corts Valencianes una Proposición No de Ley en la que plantea la modificación del objeto social de SAREB con el objeto de convertir a esta sociedad en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida, al tiempo que propone la elaboración de un censo de las viviendas de esta entidad en la Comunitat Valenciana.
La coalición, en una acción coordinada a nivel estatal con las autonomías, explica que la creación de la sociedad de gestión de activos inmobiliarios, popularmente conocida como "banco malo", fue una de las condiciones impuestas en el MoU, el Memorándum de Entendimiento firmado con la Unión Europea para el rescate de España en 2012.
La portavoz de Vivienda en Les Corts, Naiara Davó, ha recordado en un comunicado que la SAREB se constituyó con mayoría de accionistas y financiada prácticamente en su totalidad con recursos públicos y que, a pesar de ello, los socios privados "que solo aportaban solamente el 4,69% de la financiación total, se quedaron con el 54,33% de las acciones".
Posteriormente, la integración contable de SAREB como parte de las Administraciones Públicas, supuso un incremento en el déficit público de 2020 de 9.891 millones de euros y un incremento de la deuda PDE consolidada de las Administraciones Públicas de 34.145 millones de euros en diciembre de 2020.
En junio de 2021, "la sociedad había consumido los 1.200 millones aportados de capital y los 3.600 millones de deuda subordinada que habían suscrito los accionistas, en total 4.800 millones. Pero además el patrimonio neto de SAREB era negativo en casi 9.700 millones de euros", señala Davó, de forma que, en total, "el quebranto contable asciende a unos 14.500 millones de los que 12.000 millones son públicos", ha lamentado.
Por ello se ha aprobado un Real Decreto para eliminar los límites a la participación del Estado en el accionariado de SAREB. No obstante, Unides Podem considera que es necesario modificar el objeto social para convertir a esta sociedad en una "herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida, dependiente del ministerio que tenga las competencias a nivel estatal en materia de vivienda".
También plantea reforzar la fiscalización del organismo y garantizar su transparencia, para que se conozcan los activos que tiene en propiedad. En esta línea, Unides Podem Esquerra Unida insta a Les Corts a que mandaten al Consell a elaborar un censo de las viviendas titularidad del SAREB en la Comunitat Valenciana.
También le apremia a establecer convenios de colaboración con las entidades municipales para conseguir que el conjunto de las anteriores viviendas se destine a garantizar el derecho a la vivienda. Según la diputada, "incorporar las viviendas de la Sareb al parque público aumentaría sustancialmente el número de viviendas sociales disponibles desde ya".
"Y teniendo en cuenta el gran número de inmuebles que perdimos a lo largo de gobierno del PP, la incorporación de nuevos pisos al parque público, por los que, además, la ciudadanía ya pagó , es totalmente necesaria", ha sostenido.
Paralelamente, la formación sugiere que la SAREB modifique los próximos bonos que emita para que puedan generar rendimientos negativos y que realice una gestión social de su parque de viviendas, integrando las mismas en el parque social para garantizar acceso a la vivienda de la población, especialmente la más vulnerable. Para ello, propone su uso para gestionar alquileres sociales vinculados al nivel de ingresos.
Se estima que podrían alcanzar un precio medio de 100 euros mensuales, oscilando entre niveles inferiores para las personas inquilinas en situación de más vulnerabilidad y 300 euros como máximo.
Otra reivindicación es la suspensión indefinida de los procedimientos de desahucio con objeto de que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones a las personas que habiten viviendas propiedad de SAREB y que se encuentren en situación económica sin alternativa habitacional.
Finalmente, consideran necesario que la SAREB realice actuaciones con el suelo urbanizable para convertir los 72 millones de metros de suelo en desarrollo y finalista en vivienda pública destinada a alquiler social y en el suelo rústico en propiedad del que dispone para desarrollar una estrategia de inversión en energías renovables y para implementar iniciativas vinculadas al desarrollo rural y la fijación de población al territorio.
Naiara Davó ha recordado que el vicepresident segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ya envió a principios de año una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para solicitar que la Generalitat gestione estos inmuebles, "ante la creciente dificultad manifestada por amplios sectores de la población para acceder a una vivienda digna".
