Un total de 118 valencianos solicitan la beca para opositar a juez, fiscal o abogado del Estado

VALÈNCIA (EFE). Un total de 862 estudiantes, 118 de la Comunitat Valenciana, han solicitado al Ministerio de Justicia una beca para poder preparar las oposiciones, en la mayoría de los casos (687 peticiones) para acceder a un puesto de juez o fiscal, de las 245 ayudas que se ofertan este año con una dotación global de 1,6 millones de euros.

Según informa el Ministerio, el Centro de Estudios Jurídicos ha recibido casi novecientas solicitudes de ayuda económica para la preparación de oposiciones a la carrera judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y de abogados del Estado.

El 79,7 % de esas solicitudes se enmarcan en las oposiciones a juez y fiscal, mientras que los otros dos cuerpos han recibido 141 y 34 peticiones de ayuda, respectivamente.

La oferta de este 2022 contempla 245 becas de un total de 1,6 millones de euros (6.611 euros anuales para cada una beca). Del total de becas convocadas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y 12 para el cuerpo de abogados del Estado.

Son ayudas económicas destinadas a cubrir los gastos vinculados a la preparación de la oposición y para acceder a ellas es necesario estudiar bajo la dirección de un centro especializado o mediante preparadores privados, siempre y cuando no sean familiares del solicitante y sean miembros de las carreras o cuerpos citados, o bien juristas con trayectoria profesional.

Las mujeres lideran las solicitudes en las oposiciones a las carreras judicial y fiscal (551 frente a 136 recibidas de hombres), como también ocurre las de letrados de la Administración de Justicia (119 frente a 22), mientras que en el caso de abogados del Estado, 21 de las 13 reclamaciones recibidas corresponden a varones.

Por comunidades, Andalucía ocupa el primer lugar en solicitudes (194), seguida de la Comunitat Valenciana (118) y Madrid (102).

El objetivo de este programa puesto en marcha por el Ministerio es "facilitar el acceso" a estas carreras a "quienes tengan la capacidad necesaria para acceder a las mismas, con independencia de su situación socioeconómica, porque la falta de recursos económicos en las familias es un obstáculo", ha señalado la titular de Justicia, Pilar Llop.

La concesión de estas ayudas viene determinada, en gran medida, por el nivel de renta, aunque también se tiene en cuenta la condición de víctimas de violencia de género y/o de terrorismo o la superación de exámenes propios del proceso selectivo. Igualmente, se reserva un cupo del 5% para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, subraya el Ministerio.