Un investigado y varios testigos declaran en el juzgado por la publicidad del Consell de Puig a los medios 

CASTELLÓ. La causa sobre la publicidad institucional que la Generalitat Valenciana otorgó durante varios años a los medios de comunicación sigue su curso en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. Las indagaciones se refieren al periodo temporal de entre 2016 a 2019, durante la etapa en la que Ximo Puig era el presidente del Consell. 

Hasta el momento, han declarado la única persona que figura como investigada en este procedimiento –el director del área de Negociación de una empresa a la que la Generalitat adjudicó un contrato para la gestión de la publicidad institucional– y diversos testigos. De un lado, dos peritos de la Agencia Antifraude, autores de un exhaustivo informe sobre diversas facturas que la entidad remitió a la Fiscalía y que ha derivado en esta investigación; de otros, dos comerciales de dos periódicos. También está previsto que acudan más testigos que la magistrada ya ha citado a declarar. 

La causa, que se inició el año pasado, investiga posibles delitos contra las Administraciones Públicas en genérico, puesto que por el momento no ha concretado su tipificación. La Fiscalía, en cambio, dirigió su denuncia contra varias personas físicas de la administración y de empresas relacionadas con la comunicación por cuatro presuntos delitos: delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa agravada; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de malversación, y delito continuado de fraude a la Administración. 

De acuerdo con las indagaciones que realizó Anticorrupción, empresas como Mediterránea de Medios o Maxus, agencias intermediarias, habrían sido adjudicatarias de contratos de promoción institucional de la Generalitat. Para ello, habrían ofertado unos elevados descuentos, muy superiores a los habituales en concursos de otro tipo. La Fiscalía los cifra entre alrededor del 70% y el 90% y cree que eran irreales, con el objetivo de adjudicarse el contrato, y que en algunos casos se causó perjuicio económico a la administración. Los citados descuentos se habrían aplicado sobre presupuestos inflados artificialmente tras ser pactados con la Generalitat y sin documentación justificativa. 

Perjuicio económico a la administración

Anticorrupción considera que las empresas intermediarias tenían intención de lucrarse ilícitamente y sabían que los descuentos eran ficticios o irreales y que no iban a ser finalmente ejecutados. Así, cree que presentaban a la Generalitat presupuestos brutos no justificados e hinchados sobre los que se aplicaban los cuestionados descuentos (en lugar de hacerlo sobre las tarifas de los medios o los precios de mercado). 

Con todo ello, en lo que la Fiscalía considera una práctica fraudulenta, se habría podido causar a la Generalitat un perjuicio económico que podría alcanzar más de 200.000 euros sobre un análisis de una decena de facturas. El perjuicio económico extrapolado a los importes ejecutados de uno de los lotes que figura en la investigación podría llegar a los 3,6 millones de euros.   

La investigación hace especial hincapié en la entrevista al jefe del Consell, Ximo Puig, que publicó el periódico británico The Guardian y que generó controversia por ser una entrevista de pago. Fue en noviembre de 2016 con motivo de una feria de turismo en Londres a la que acudió la Generalitat. La encargada de realizársela en un suplemento sobre la Comunitat Valenciana fue The Report Company, una empresa española creadora de contenidos.

En ella, se aprovechaba para ensalzar su figura y 'vender' la Comunitat Valenciana en uno de los caladeros turísticos más importantes, mientras él exponía las grandes propuestas de la legislatura o criticaba al PP por la corrupción. "El Levante feliz resultó ser una gran mentira", afirmaba en una de sus declaraciones.

La Generalitat argumentó en ese momento que no se trataba de una entrevista pagada, pero se acabó demostrando lo contrario: costó 43.000 euros. Ahora, esa adjudicación es considerada por la investigación como una en las que se incrementó el presupuesto para aplicar un descuento irreal con el objetivo, por parte de la adjudicataria, de lucrarse ilícitamente. Además, el servicio fue subcontratado, algo que al parecer no permitía el contrato de la Generalitat, y la empresa intermediaria habría abonado a The Guardian sólo una parte.