VALÈNCIA (EP). Xavier Rius, actual diputado de Cultura de la Diputación de Valencia y exportavoz de Compromís en la corporación, ha justificado la selección de personal en Divalterra y los contratos de alta dirección en "hacer un cinturón higiénico" tras haber estallado el conocido como caso Imelsa.
Rius se ha pronunciado así ante el tribunal del caso Alquería que juzga a 14 acusados por contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra para favorecer al PSPV y a Compromís.
Rius ha explicado, en calidad de testigo, que participó en las reuniones previas a la formación de la estructura de trabajadores de Divalterra y se acordó seleccionar a personal para "hacer un cinturón higiénico" con respecto a la situación que se habían encontrado.
Preguntado por si estas personas eran seleccionadas tras acuerdos entre partidos, ha dicho que "no exactamente". "Lo que era más o menos claro es que el personal tenía que ser de confianza y tener una alta cualificación. No conozco a todas las personas que entraron y no sé si había una relación exacta de color político", ha apostillado.
A este respecto, tras insistirle en si debía de haber algún tipo de afinidad política en la contratación de los nuevos altos cargos, el testigo ha aseverado: "En ningún momento". "Tenían que ser personas de confianza", ha apostillado.
"Teníamos claro qué perfil debían tener los cargos de alta dirección y la cuestión técnica ya era cosa de José Luis Vera --exresponsable jurídico--. Confiamos en él para que todo se hiciera escrupulosamente. La confianza en él era total", ha aseverado.
Por su parte, el excogerente de Divalterra en 2016 Víctor Sahuquillo ha manifestado ante el tribunal que dudó de las altas contrataciones "a modo de reflexiones" que trasladó, entre otros, al expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez.
Al respecto, se le han leído algunos correos en los que el testigo advertía de "mochilas partidistas", de que los contratos de alta dirección no se mantenían o de que se habían creado áreas directivas "en función de equilibrios políticos partidistas y no de líneas estratégicas". Sobre los mismos, ha insistido en que "solo eran reflexiones". "En esos momentos mandé varios correos con mis impresiones aunque dudo de que mandara algún informe oficial", ha repetido.
En esta línea, interpelado por otro correo en el que le manifestó a la entonces cogerente que había que suprimir los contratos de alta dirección y contratar a técnicos, ha reiterado que eran "reflexiones de alguien que llega a sustituir a otra persona. Te encuentras con una empresa y conflictos y situaciones varias".
Preguntado por si, en concreto, Rodríguez le contestó a algún correo, ha dicho que "no". También ha aseverado que le envió un informe sobre los contratos de alta dirección pero desde su correo personal, no como cogerente: "Había varias opiniones porque era un tema conflictivo", ha aseverado.
"Lo que quería decir en esos momentos es que esa etapa --la anterior, que estaba siendo investigada por la justicia-- ya tenía que concluir y que teníamos que intentar relanzar el objeto social de la empresa, limpiar la imagen y potenciarla".
Por su parte, Emili Altur, exdiputado de Compromís en la Diputación, ha afirmado que no participó en la elaboración y designación de los contratos de alta dirección y ha resaltado que en lo que sí intervino fue en la división de áreas "por fuerzas políticas", según el peso de las elecciones.
El testigo ha manifestado que en algún Consejo de Administración se cuestionaron los contratos de alta dirección "pero nunca se dio a entender que eran ilegales", ha matizado.
"En algún momento se comentó algo sobre los contratos de alta dirección pero lo entiendes dentro de la acción política, por parte de la oposición. Pero teníamos asesores jurídicos y si eso estaba avalado por ellos y no cuestionaba una contratación", ha dicho.
Sobre la elección de estos cargos directivos, el testigo ha señalado que no era necesario que pertenecieran a un partido político. "Nos interesaba que fuera un buen profesional y supiera de lo que iba el área".
Ha justificado la elección de las personas en contratos de alta dirección porque hacía falta más personas para llevar las áreas. En 2018 se decidió despedir a estos altos cargos, según ha comentado, porque "alguien planteó que el procedimiento parecía incorrecto y se dijo que si estaba mal hecho, se tenía que hacer bien".
El testigo ha afirmado que cuando se despidió a estos directivos, la Diputación siguió funcionando "pero no igual. No se hacían las tantas cosas". Por último, ha comentado que antes de la llegada de Jorge Rodríguez, ya había áreas diferentes en la Diputación.
El último en intervenir en la sesión de este miércoles ha sido Josep Vicent Bort, también exdiputado de Compromís y asesor en la Alcaldía de València, quien ha afirmado que mantuvieron negociaciones para configurar la organización de la Diputación y el establecimiento de las diferentes áreas y sus directores.
Preguntado por si participó en reuniones del grupo Compromís para la designación de estos nuevos cargos, el testigo ha afirmado que "se habló de buscar perfiles profesionales".
El tribunal avala la contratación de personas afines a los partidos en puestos públicos y sostiene que no hubo malversación porque los directivos cumplieron con sus funciones
