Durante unos días se para el mundo para muchos estudiantes y, por ende, el de sus padres, profesores e institutos. Llegan oleadas a las universidades a realizar, probablemente, su examen más importante. Obviamente me refiero a los exámenes de selectividad, ahora llamados PAU, Pruebas de Acceso a la Universidad, aunque en otras comunidades tiene diferentes nombres.
Los que solemos o solíamos estar en la universidad en estos días pueden comprobar en los rostros de los jóvenes la ilusión, tensión, miedo, miradas al futuro cercano o adioses a su reciente pasado. Para muchos, estos días de examen pueden marcar si van a poder o no matricularse en los estudios y/o universidad deseada o tendrán que conformarse con una segunda o tercera opción. También es cierto que la mayoría de estos jóvenes todavía no tienen claro cuál es esa primera opción o quizás no prefieren hacerse ilusiones sobre la misma hasta conocer el resultado de la PAU.
Para los que consideramos la medición y comparación de resultados como una forma de favorecer el progreso, la PAU es muy importante. Más allá de la forma en la que se realiza, cada país tiene su librillo, lo cierto es que este es el único momento en el que se realiza un mismo examen a todos los estudiantes de una comunidad. Con ello no solo se evalúa individualmente a cada uno de ellos, sino también a los profesores del bachillerato de cada asignatura. Por supuesto, también para los colegios e institutos es muy importante, ya que, a los pocos días de conocerse el resultado de las pruebas, aparecen los rankings ordenados de cada uno de ellos. Esto es algo que afecta al prestigio de cada institución y a las matrículas en años venideros. Por supuesto, tras la aparición de dichos rankings siempre aparece la eterna comparativa de público-privado-concertado, casi nunca concluyente.
Pero me gustaría destacar algo por lo que tanto los gobiernos del Partido Popular como los del Partido Socialista han pasado de puntillas dentro de las posibles competencias del Ministerio de Educación. Obviamente, por el miedo a inmiscuirse en las competencias de sus barones autonómicos o los poderosos presidentes catalán o vasco, jamás se ha puesto de forma seria encima de la mesa la posibilidad de que la PAU permitiese al Gobierno español conocer el estado de la educación de sus ciudadanos, cuya competencia ha delegado en las comunidades.
Ahora mismo, cada comunidad autónoma hace sus exámenes y evalúa a sus estudiantes, pero todos ellos compiten por las mismas plazas en grados universitarios de toda España. Algunos rectores ya han criticado que las calificaciones hinchadas que algunas autonomías otorgan a sus estudiantes les permiten copar muchas de las plazas ofertadas en algunos estudios como los de Medicina.
Un mismo examen de la PAU para todos los estudiantes españoles, independientemente de la comunidad en la que estudien obviamente sería más justo, algo más complicado a nivel de intendencia, pero perfectamente asumible. Pero esa justicia, además, permitiría que el Estado español pudiese comprobar que a sus estudiantes se les ha enseñado adecuadamente esos aspectos comunes acordados. Se puede asumir, también discutir, que se hayan delegado las competencias en educación, pero jamás se puede eludir la comprobación de que esa delegación ha sido acertada. La PAU puede ser una fenomenal forma para hacerlo.
Por supuesto, en un momento en el que los nacionalistas redoblan sus esfuerzos para que la inmersión lingüística se imponga, también sería el momento para que la realización de la PAU en español o castellano permitiese garantizar su aprendizaje más allá de los dogmas repetidos una y otra vez por el conseller Marzà y sus homólogos. Yo entiendo que es imprescindible asegurar que los jóvenes españoles sepan utilizar correctamente la lengua oficial del Estado español.
¿Gestionar un examen de PAU único y en español para todo el Estado sería complicado? Sin duda. ¿Sería más justo y mejoraría el sistema educativo español? Sin duda también. ¿Sería posible? No será fácil, pero no hay que renunciar a ello.