Un Ministerio maldito

Llevamos unas semanas con un protagonista de excepción en el escenario político y judicial, el Ministro de Justicia Rafael Catalá.

Después de la polémica sentencia del caso “La Manada” y las múltiples manifestaciones en contra de la citada resolución, al Ministro no se le ocurrió otra cosa que hacerle un “guiño” al pueblo y ponerse del lado de los manifestantes criticando que el Juez que había emitido un voto particular tenía “un problema singular”. Todas las asociaciones judiciales y las asociaciones de fiscales pidieron su inmediata dimisión por hacer valoraciones personales sobre un miembro de otro poder. ¡Ya es difícil aunar a todos a la vez! Además, los Jueces están “calentitos”, tienen prevista una huelga general para finales de mes y llevan desde abril con protestas en las puertas de los Juzgados exigiendo mayores recursos y solicitando una mayor independencia judicial. El Grupo GRECO ha sacado varias veces los colores a España por la influencia política sobre el Poder Judicial pero el Gobierno todavía no ha cumplido ninguna de sus recomendaciones pese a que la primera fecha que le impuso el Grupo Estados del Consejo Europeo contra la corrupción, venció en julio del año pasado.

Por otra parte, ante la alarma social que provocó la Sentencia del caso “La Manada”, Catalá se animó en caliente a decir que procedería a convocar a la Comisión General de Codificación, (órgano consultivo del Ministerio), para revisar los delitos sexuales y mira por donde resulta que supimos que no hay ninguna mujer entre los veinte integrantes de la sección penal. En la carrera judicial hay más mujeres que hombres, prefiero pensar que el ministro es más torpe que machista. Al final, tras las críticas, la Comisión se ha reunido con la presencia de algunas expertas y ha acordado incorporar a algunas especialistas de modo permanente. El Ministro debe estar frustrado, ¡no acierta una!

Recuérdese también que su principal proyecto “estrella”, el servicio de LexNet, por el que se comunican miles de abogados y profesionales de la Justicia, tuvo una caída en el sistema justo cuando se iniciaba el año judicial, a inicio de septiembre del año pasado y con el fallo digital quedaron al descubierto millones de datos. 

Pero los desastres del Ministro no acaban ahí, a inicios de la legislatura se creó en el Congreso de los Diputados una subcomisión para un Plan Nacional estratégico de Justicia que pretendía entre otras cosas abordar el estudio de reformas para acabar con la politización de la Justicia. Por dicho órgano pasaron una colección de expertos en materia penal y judicial, pero de nada sirvió, salvo para entretener a sus “señorías” porque al final la comisión se cerró en marzo sin conclusiones ni propuestas de reforma. 

El Ministro Catalá ha sido reprobado en el Congreso de los Diputados. Su predecesor, Ruiz Gallardón, pasó de ser uno de los ministros más valorados a ocupar el penúltimo puesto cuando dimitió y cuenta en su haber, con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que redujo las competencias del órgano de gobierno de los Jueces y lo politizó aún más. El Ministerio de Justicia, es una “patata caliente” en manos de cualquier gobierno, el interés del poder político por controlar el poder judicial es demasiado intenso como para que pueda existir una gestión del Ministerio neutra y profesional.

Tal vez, el Gobierno debería plantearse en la próxima legislatura, la eliminación de la cartera de Justicia. A fin de cuentas, con los pocos frutos que ha dado y con la descentralización en las Comunidades Autónomas de las competencias de Justicia casi nadie lo echaría en falta. Ya hace tiempo, la Asociación Profesional de la Magistratura lo llegó a plantear seriamente en uno de sus Congresos. Visto lo visto, no importaría demasiado que este Ministerio desapareciera ya que por lo que parece y a resultas de su evolución, debe estar maldito.