Ródenas y Urrea, anterior y actual presidente de la CHS. Foto: APALICANTE. El juzgado de instrucción número 3 de Orihuela abre diligencias previas contra la anterior y actual junta directiva de la Confederación Hidrográfica del Segura ante un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los denunciantes, el Juzgado Privativo de Aguas Azud de Alfeitamí de Almoradí y el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela les acusa de un delito ambiental por responsables de daños causados por la Dana de septiembre de 2019 por la omisión y falta de inversión en la Vega Baja con la que se hubiera, según exponen, minimizado los graves daños de las inundaciones.
La denuncia fue presentada el 3 de octubre de 2019 y se les responsabilizaba de un delito medioambiental e imprudencia temeraria con el resultado de tres fallecidos. La fiscalía acogió la querella pero solo en el plano del supuesto delito ambiental.
El juzgado ha citado en calidad de investigados a Miguel Ángel Ródenas, anterior presidente de la CHS, Mario Urrea, actual presidente, Francisco Javier García y José Carlos González, actual y anterior comisario, Rogelio Bravo y Sebastián Delgado, anterior y actual comisario adjunto. La cita es el 10 de marzo de 2022.
También ha llamado como investigado a Adolfo Mérida, actual comisario adjunto, José Rafael Belchi y Carlos Javier Marco, anterior y actual director técnico, a Jesús García, jefe de oficina de planificación hidrológica, y José María Bernabé y Mónica Gonzalo, anterior y actual secretario. La vista será una semana después.
Los denunciantes, tras la petición de fiscalía de especificar las responsabilidades en los hechos denunciados de cada uno de ellos, trasladaron que al ser un órgano colegiado han interpuesto las denuncias al conjunto de la junta directiva anterior por “la nula inversión” para prevenir y minimizar inundaciones y a la actual que en el momento de los hechos llevaban nueve meses en el cargo.
