Estación de autobuses de Benidorm.Una empresa externa calcula que La Estación estaría valorada en cerca de 30 millones de euros mientras que el arquitecto municipal decidió unos 35 millones. Es el paso previo para quitarle la concesión al empresario Enrique Ortiz y sacarla a licitación para legalizarla
BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm sigue a vueltas con la estación de autobuses de la ciudad. El informe externo solicitado por el Consistorio ha tasado la misma en 29.741.001,13 euros, siendo inferior a lo valorado por el arquitecto municipal, que ascendía a unos 35,4 millones de euros. El informe, al que ha tenido acceso este diario, se esperaba como agua de mayo para tomar decisiones sobre el entuerto urbanístico que inició el empresario Enrique Ortiz. Cabe recordar que el Consistorio llegó a un acuerdo con la mercantil responsable para resolver el contrato de explotación de mutuo acuerdo para que Benidorm pueda legalizar toda la superficie que no estaba en regla y sacar a licitación la estación.
Para ello, tenían que tasar era necesario tasar el complejo. En un principio el arquitecto municipal lo puso en unos 35,4 millones de euros. Éste informe se aprobó en septiembre de 2014. No obstante, todo volvió al punto de partida puesto que el interventor reparó el informe con otro escrito, rebajando el precio a unos 29 millones de euros ocho meses después del acuerdo plenario anterior.
Motivo por el cual siguieron pidiendo informes, en este caso viene por parte de una empresa externa, con sede en Madrid, que la pone en algo menos de 30 millones de euros, coincidiendo con el interventor del Ayuntamiento.
Todo este revuelo con La Estación viene después de que el Tribunal Supremo se pronunciara en 2012 anulando la concesión al constructor alicantino. La razón era la modificación de Ortiz al proyecto inicial por el que obtuvo la concesión. En 2001, la primera licencia preveía una superficie comercial de 500 metros cuadrados en la estación y contemplaba una pequeña zona para el descanso de conductores. Dos años después, el pleno aprobó un modificado que elevaba hasta los 10.000 metros cuadrados el área destinada a comercios y la creación de un hotel en el que Ortiz, además, acabó edificando dos plantas inexistentes sobre papel.
Como consecuencia, una empresa que había participado en el concurso de la adjudicación recurrió ante los tribunales, que se pronunciaron a través del Tribunal Supremo anulando la concesión.
Consideraban que los cambios eran tan relevantes que se tendría que haber sacado otra licitación
Consideraban que los cambios eran tan relevantes que se tendría que haber sacado otra licitación. Paso que pretenden dar ahora, cuando acuerden cuál es el precio del edificio.
En su momento, el gobierno local y Ortiz acordaron que el Ayuntamiento indemnizaría al constructor por las obras, dinero que cargarían a la nueva adjudicataria. Asimismo, legalizaría todo el complejo y volvería a sacar a concurso su explotación. No obstante, si ninguna empresa quería hacerse con la gestión, Ortiz no percibiría ni un euro pero seguiría siendo el gestor, con toda la obra ya legal.
Pero eso no es todo, el acuerdo preveía que el Consistorio tenía tres meses para licitar la estación y seis en total para adjudicarla, mientras que Ortiz debía ese mismo día iniciar las obras para completar la urbanización del entorno de la estación.
Este escrito ha provocado la reacción de la oposición. El edil de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, entiende que "la nueva tasación disminuye el precio que había puesto el arquitecto municipal en aproximadamente 6 millones, lo cual quiere decir que hasta ahora se quería tasar por encima de lo previsto la estación de autobuses para favorecer los intereses de Ortiz". A lo que añadió: "Si quiere el gobierno del PP local demostrar que no ha querido favorecer los intereses de Ortiz tiene que aceptar la tasación de la estación q ha elaborado esta empresa independiente", explica el concejal de Compromís.
