Rubén Trenzano, este martes durante el juicio. Foto: VPVALÈNCIA. El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, se ha sentado este martes en el banquillo después de que el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia le abriera el pasado año juicio oral en relación a las ayudas al fomento del valenciano concedidas entre 2015 y 2016 a empresas administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Concretamente, 56.825 y 23.234 euros respectivamente.
El magistrado explicó en su auto de procesamiento que pudo cometer el delito de falsedad en documento público oficial al afirmar en un escrito que se habían realizado las actuaciones de control efectivas en las subvenciones a las mercantiles Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, cuando realmente éstas se llevaron a cabo con posterioridad.
El procedimiento partió de una querella interpuesta por la diputada del PP Eva Ortiz al considerar que Trenzano había "mentido" al decir que se habían controlado ayudas otorgadas a las empresas vinculadas al hermano de Puig. Debido a la alta pena solicitada por los populares –seis años de cárcel–, el alto cargo de la Generalitat es juzgado por la Audiencia Provincial.
Allí ha llegado esta mañana acompañado por la secretaria general de Més Compromís (antiguo Bloc), Águeda Micó. Durante la sesión, su defensa ha pedido la nulidad de la apertura de juicio oral para "evitar uso fraudulento de la acusación popular" y ha hecho hincapié en que la intención tanto del PP como de Eva Ortiz es "tener un argumento político falso".
La Fiscalía, por su parte, ha remarcado que esta causa "no tiene ningún interés público fundado, sino espurio" pese a que los jueces hayan apoyado la apertura de juicio oral y ha indicado que no se tendría que haber llegado a este punto de procedimiento. Aun así, ha añadido que "por razones prácticas" sí era mejor que se celebrara el juicio.
La Sala ha concluido a continuación que no procedía la nulidad, por lo que la sesión ha seguido adelante con la declaración de Trenzano, que ha respondido únicamente a preguntas del fiscal y de su abogada. En sus explicaciones ha admitido que, aunque las subvenciones públicas están sometidas a un control a nivel general, el de las empresas vinculadas al hermano de Puig se amplió tras la denuncia del PP.
El director general de Política Lingüística ha relatado que todo empezó con la llegada a su departamento de un documento de Ortiz en febrero de 2018 diciendo que había detectado ciertas irregularidades en un proceso de subvenciones, aunque "no concretó cuáles".
A partir de ahí, ha indicado, le consta que su jefe de servicio y su subdirectora realizaron comprobaciones sobre si había irregularidades o no y se redactó una respuesta. De ella se encargó técnicamente el primero porque es funcionario y fue remitida mes y medio después porque, ha señalado, en la Administración hay "muchas solicitudes".
"Se le respondió por transparencia y por cortesía porque era diputada del principal partido de la oposición. Queríamos ser transparentes porque habíamos estado en el ojo del huracán por algunas cuestiones y decidimos contestar", ha comentado.
En ese momento, el jefe de Servicio, ha apuntado, le explicó que existía un sistema general de control de las subvenciones y que antes de resolverlas se comprobaba todo desde la intervención delegada de Hacienda. "Los controles se llevan a cabo normalmente, no con posterioridad a la carta del PP. Se hicieron en 2015 y 2016", ha asegurado.
Trenzano se ha referido así a las actuaciones de fiscalización que se efectuaban en general a las ayudas públicas, pero en el caso de las relativas al hermano de Puig ha reconocido que se realizaron nuevas cuando llegó la carta del PP.
"En 2017 se implantaron todos los planes de control y son los funcionarios los que los aplican. A mí se me explicó que había tres formas: una aleatoria, una dirigida por riesgo y una basada en la cantidad económica", ha detallado. En ese año se optó por la manera aleatoria, ha continuado, aunque a las empresas vinculadas a Francis Puig se les realizó de forma dirigida por riesgo en 2018. "Y se concluyó que estaba todo bien", ha añadido.
El director general ha detallado las fases donde él intervino. De un lado, la firma que llevó al conseller; de otro, la propuesta de adjudicación de subvenciones en la que suele participar una comisión de 5 funcionarios; y, finalmente, cuando ya se ha justificado todo y se da el plazo definitivo para que el dinero llegue a las empresas. Todo ello, ha afirmado, tuvo lugar antes de la carta de Ortiz.
Trenzano ha asegurado igualmente que no tiene "ninguna relación" con el hermano del presidente de la Generalitat y que se enteró de las empresas que se presentaron con posterioridad a que lo hicieran. Conoció las firmas que eran, ha señalado, simultáneamente al escrito del PP.
