ALICANTE. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Benejúzar a que incoe el procedimiento sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves por el incumplimiento reiterado de la obligación de suministro de información pública a los concejales del Grupo Popular desatendiendo el requerimiento expreso del Consejo. Solicita además al Ayuntamiento que comunique al Consejo el resultado del procedimiento sancionador incoado, tal y como establece la resolución del Consejo de Transparencia de fecha 28 de enero de 2022.
La reclamación formulada por el concejal popular Vicente Cases ha dado pie a que el Consejo, una vez constatados los hechos, acciones u omisiones susceptibles de ser considerados como infracciones, ha procedido a instar al Ayuntamiento la incoación del procedimiento sancionador.
El portavoz del grupo popular municipal, Antonio Bernabé, aclara que “es la propia administración municipal la que tiene el deber de incoar procedimiento sancionador y la obligación de determinar la persona o personas responsables. Ante esta situación, el Ayuntamiento no tiene otra salida. O incoa el expediente sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves expresadas y lo comunica al Consejo, o de lo contrario, abrirán el procedimiento contra la propia institución.”
Las resoluciones del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana son de obligado cumplimiento, según dictó el Consejo en su resolución. El mismo Consejo advertía que el artículo 31.1.a de la Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana tipifica como infracción “muy grave”, … el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa o de suministro de información pública cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y que el artículo 34.2 de la citada norma establece que en el caso de infracciones de carácter muy grave cometidas por autoridades y directivos la sanción correspondiente consistirá en la declaración del incumplimiento y publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, el cese en el cargo y la imposibilidad de ser nombrado para ocupar cargos similares por un período de hasta tres años.
El Consejo considera que la actuación municipal relatada puede considerarse claramente en el ámbito de esta conducta. “El gobierno municipal de Benejúzar (PSOE-CS) no facilitaba la información, y si lo hacía era tarde, a instancia del propio Consejo de Transparencia o del Síndic de Greuges, generándonos una situación de indefensión. Ante la inacción del gobierno municipal y la vulneración de derechos fundamentales de los concejales del Grupo Popular, no ha habido otra opción que recurrir en cuatro ocasiones al Consejo de Transparencia y otras tantas al Síndic de Greuges para reclamar la información y documentación pública que nos correspondía por derecho.”
Antonio Bernabé denuncia “el reiterado desprecio a nuestro legítimo acceso a la información pública, puesto que durante toda la legislatura, el bipartito (PSOE/Cs) ha incumplido reiteradamente la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública de las administraciones requirientes, ha incumplido reiteradamente la obligación de suministro de información pública desatendiendo el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia, ha incumplido la resolución dictada en materia de acceso por el Consejo que resuelve reclamaciones, y ha demostrado falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presentan ante el Consejo de Transparencia porque no ha contestado a muchos requerimientos del Consejo”.
Hay que destacar que todas las resoluciones del Consejo de Transparencia y del Síndic de Greuges han estimado las reclamaciones presentadas por los concejales del Grupo Popular, y han instado al Ayuntamiento a proporcionarles la información requerida, reconociendo a los concejales el derecho fundamental reforzado de acceso a la información pública. El Consejo de Transparencia ha dado la razón en todo momento a los concejales del PP, cuyas solicitudes ni han bloqueado ni obstruido la labor de la administración.