Torrevieja busca un acuerdo político ante la 'ruina' de las plusvalías: ya ha perdido 10 millones 

TORREVIEJA. Los cuatro grupos que conforman el Gobierno municipal de Torrevieja (PSOE, Los Verdes, APTCe e IU) y la formación Sueña Torrevieja se han sumado a la moción que insta al Gobierno de España a acordar con los ayuntamientos los mecanismos adecuados para compensar el perjuicio económico que la declaración de inconstitucionalidad del cobro del impuesto de plusvalía (IIVTNU), que les ha generado, como es el caso, una merma de ingresos. El alcalde, José Manuel Dolón, de Los Verdes, ha explicado que la situación es complicada “hemos tenido que presupuestar 10 millones de euros menos, los cobros están paralizados y el perjuicio a los ayuntamientos es importantísimo”.

Dolón ha explicado que han elaborado una moción, con la orientación de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, con el objetivo de “desbloquear este tema” e “instando al Gobierno de España y a las Cortes Generales para que tomen medidas y la sentencia del Tribunal Constitucional pueda verse pronto corregida por una legislación con unos parámetros que permitan el cobro del impuesto, que pueda recuperarse amparando los derechos de los ciudadanos que el tribunal considera que se han visto vulnerados”, ha dicho.

La moción también contempla un reforma global del impuesto que permita que la forma de cálculo de la cuota tributaria refleje de un modo más fiel el verdadero incremento de valor de los terrenos, así como estudiar fórmulas que impidan las perdidas de ingresos de los Ayuntamientos afectados, Igualmente solicita acordar con los Ayuntamientos mecanismos adecuados para compensar el perjuicio económico que la declaración de inconstitucionalidad ha supuesto y supondría para todos los Ayuntamientos, asumiendo el Estado su responsabilidad como legislador.

Esta moción se presenta después de que para el Ayuntamiento de Torrevieja, la sentencia del Constitucional ya haya representado un descenso en el presupuesto municipal de más de 10 millones con respecto al de 2017. Una cifra que “afecta a la marcha del Ayuntamiento” que arroja déficit en los últimos meses “porque las reclamaciones de los ciudadanos, por culpa del legislador nos cuesta dinero al Ayuntamiento. No ingresamos y seguimos pagando, bajar 10 millones en el presupuesto de un año es un tema muy serio”.

Sin el respaldo del grupo mayoritario de la oposición, el PP, y de Ciudadanos la moción ahora pasará por la Junta de Portavoces antes de ser remitida a las Cortes. Dolón ha dicho que en el primer caso no hay apoyo porque la moción señala “la parálisis del gobierno de Rajoy en este tema y parece que eso es algo intocable y en consecuencia no se firma una reivindicación en el sentido en el que también propone la FEMP de no dejarnos avasallar y tratar que las Cortes Generales y el Gobierno asuman que ahora es el momento y no se puede dejar pasar ni un día más con una situación tan crítica como la que sufrimos los Ayuntamientos”.

El Partido Popular había propuesto modificar el punto cuarto de la moción y sustituir el texto propuesto por una especie de llamada al consenso entre los ayuntamientos para que, a través de la FEMP, se establecieran mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los contribuyentes de la manera más eficaz y buscar medidas que mitiguen el impacto negativo que supone la sentencia del Constitucional. En cuanto al punto 5 de la moción, tanto PP como Cs no la secundan.