Torres (Conpymes) espera que el Gobierno les reconozca y deje de dar subvenciones "a dedo"

VALÈNCIA (EFE). El presidente de Conpymes, José María Torres, está satisfecho por la sentencia del Tribunal Supremo, que esta semana anuló un decreto por el que se concedieron subvenciones para formación de trabajadores y desempleados a varios agentes sociales en un proceso en el que no se le permitió participar.

"Estamos muy contentos porque pensamos que es un éxito de la democracia que se dejen de dar subvenciones a dedo". Así se expresa Torres en una entrevista con EFE, en la que además reclama al Gobierno que mida la representatividad de patronales y sindicatos, y reconozca a Conpymes como interlocutor social.

La sentencia del Supremo da la razón a Conpymes y anula el decreto, por el que el Ministerio de Educación concedió subvenciones hace dos años a las patronales CEOE y Cepyme y al sindicato UGT por valor de 30 millones de euros.

En la sentencia, considera que se otorgaron sin convocatoria pública y de forma excepcional, ya que el Supremo no ve adecuado que se apelara en ese momento a la pandemia de covid y a la guerra de Ucrania.

Tras la sentencia, el Ministerio de Educación ha convocado este próximo lunes a CEOE, Cepyme y UGT para abordar el asunto, aunque ha asegurado que, en cualquier caso, la decisión del Supremo no conlleva que se paralicen los cursos, ni que tengan que devolver la financiación.

"Estaremos pendientes de la reunión del lunes y pediremos que se cumpla la sentencia", deja claro Torres, quien critica que el Ministerio de Educación no quisiera reunirse con ellos y que les discriminaran a la hora de distribuir esas subvenciones provenientes de los fondos europeos.

Para Torres, esta sentencia "abre un camino para que cualquier subvención se otorgue en concurrencia competitiva, para que cualquiera pueda acceder", es decir, dice que esos beneficiarios "no son los únicos" interlocutores sociales.

A la espera de un reglamento de representatividad

La lucha de Torres va más allá de este asunto de las subvenciones, ya que aspira a que Conpymes sea considerada un interlocutor social con el Gobierno, que se tenga en cuenta su representatividad como confederación de pequeñas y medianas empresas.

Por ello, planteó un contencioso administrativo contra el Ministerio de Trabajo en la Audiencia Nacional en el que reclama su reconocimiento como agente social, una demanda actualmente pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En su reclamación, pedía que se cumpliera la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, que señala como representativas a las asociaciones empresariales que cuenten con el 10 % o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal.

"El Gobierno nos contestó que la representatividad se daba por presunción" y que es necesario un reglamento para cuantificarla, algo a lo que se comprometió a llevar a cabo el Gobierno en el acuerdo PSOE-Sumar, especialmente en el ámbito de las pymes.

"Pedimos que haya un reglamento y que las reglas sean para todos", deja claro el presidente de Conpymes, una confederación que agrupa a unas 60 organizaciones patronales y sectoriales.